Borràs no dimitirá y forzará a ERC a cesarla

Ninguna otra fuerza política ha salido en defensa de la dirigente nacionalista, que como ha hecho siempre hasta ahora, se ha envuelto en la bandera independentista y se ha presentado como una víctima de la «represión» del Estado. A su juicio, la prueba de que es víctima de una «persecución» política por parte del Estado para combatir al independentismo está en la «desproporción», a su entender, de las penas solicitadas por la Fiscalía: 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación. «Soy profesora universitaria», ha señalado, en una airada comparecencia, en la que se ha mostrado «indignada». «Lucharé hasta la extenuación para demostrar mi inocencia», se ha conjurado. Y ha advertido también de que no piensa dimitir como presidenta del Parlamento catalán. «No me apartaré», ha avisado, especialmente a ERC y la CUP, que piden que dé un paso al lado casi a diario, si es procesada por el juez.

Todo el arco parlamentario catalán, salvo Junts, le pide que se aparte llegado el caso del juicio oral, en aplicación de un artículo del reglamento del Parlament. Este artículo afirma que si un diputado autonómico es procesado por delitos vinculados a la corrupción, como es este caso, «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Borràs ha afirmado de manera rotunda que no se siente «interpelada» por el artículo del reglamento de la Cámara, desde la convicción de que «no ha cometido ningún delito». «No he fraccionado contratos», ha replicado a la Fiscalía. En cualquier caso, la presidenta del Parlament cree que la causa pierde fuerza por el hecho de no estar acusada de malversación y fraude, como sostenía el juez instructor. Esos dos son los delitos que a su juicio están más asociados a la corrupción. En cualquier caso, ha retado a ERC y a la CUP a que si el juez abre juicio oral, lleven el caso a la Mesa del Parlament, que es donde deberá «decidirse» y dirimirse» su suspensión. «O nos plantamos o ponemos una alfombra roja a la represión», ha presionado Turull a ERC y la CUP, a los que ha pedido no ir más allá que la Fiscalía, «no hacer el juego a las clocas» y acordar un «frente común».

Laura Borràs está investigada por haber fraccionado 18 contratos por valor de 330.000 para supuestamente adjudicárselos a un amigo durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), antes de ser diputada y consejera de Cultura. En su escrito de acusación, la Fiscalía, además de una multa de 144.000 euros, reclama sentar también en el banquillo a Isaías Herrero, presunto beneficiado y Andreu Pujol, colaborador del amigo de Borràs.

«Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito acordaron que la retribución de los trabajaos informáticos (de Herrero) se haría a través de la contratación administrativa, fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores», según la Fiscalía. El propósito era, de acuerdo al criterio del Ministerio Público, vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública prevista legalmente, siendo perfectamente conscientes de que infringían la normativa en materia de contratación e impedían que el servicio fuera adjudicado a otras personas».

El escrito de acusación sostiene que «con tal de ofrecer una apariencia fingida de respeto a los principios de pública concurrencia y de ocultar su actuación ilícita», pactaron que en los expedientes figurarían tres presupuestos a nombre de proveedores diferentes, dos de los cuales no eran ofertas reales, sino presupuestos «comparsa», «elaborados falazmente», según la Fiscalía. «Simulaban que la adjudicación se hacía al mejor licitador, encubrían que el adjudicatario real era Herrero y enmascaraban el fraccionamiento ilegal de contratos», remata.

El TSJC cerró hace dos semanas la investigación del caso contra Laura Borràs y afirmó que existen «indicios que permiten afirmar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental. La Fiscalía exime a la presidente del Parlament de los delitos de malversación y fraude, que podían haber elevado la petición de pena a los 15 años de prisión.