Esquerra se querella contra NSO y pide que se investigue al CNI

La querella se ha registrado en el juzgado de guardia de Barcelona, con requerimiento de que las causas se remitan y se acumulen a las ya abiertas en el juzgado de instrucción número 32, también de Barcelona, que instruye desde hace año y medio el caso de espionaje que afecta a Roger Torrent y Ernest Maragall.

Las querellas «remarcan la gravedad de un espionaje» que califican de «cariz político» y que atenta, a su juicio, no sólo contra los derechos fundamentales y a la intimidad, sino también a los derechos inherentes al secreto profesional de los que gozaba el abogado y la inmunidad parlamentaria que asistía a la eurodiputada. El objetivo de las denuncias, según ERC, es descubrir los hechos ocurridos en su integridad (el alcance de la información sustraída a las víctimas, la finalidad con la que ha sido tratada y dónde se almacena), así como averiguar la identidad de los autores. «Todo ello para evitar la impunidad de los hechos y asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a las víctimas», apunta la formación republicana.

Además, la secretaria general de Esquerra, Republicana, Marta Rovira, presentará una acción penal por el espionaje sufrido en territorio suizo y ante las autoridades de este país. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también tiene previsto presentar una querella a título personal. El CNI ha reconocido que Aragonès fue infectado con el programa Pegasus. Dirigentes de la CUP y de Òmnium han acudido ya a la justicia por los casos de espionaje. Ayer fue el Parlament. La Cámara catalana presentó en el juzgado una denuncia y solicitó que se abran las correspondientes diligencias judiciales para investigar los hechos denunciados. La presidenta, Laura Borràs, firmó la denuncia. En ella, se plantea que «se depuren ante la jurisdicción las responsabilidades en que hayan podido incurrir las personas» que, en su actuación, hayan participado en la «intrusión no autorizada de los dispositivos móviles de miembros del Parlamento, pudiendo acceder de esta forma, en el conjunto o parte de los sistemas de información del Parlamento sin estar debidamente autorizados».