«Bloquear la renovación del Poder Judicial es un incumplimiento grave»

– La Justicia es una de las instituciones peor valoradas en España, según dicen unos y otros.

– Es un tópico que no se sostiene a la vista de los estudios más recientes y fiables. El buen desempeño profesional de los cerca de 6.000 jueces y juezas, en su variedad de funciones y situaciones, mantiene la confianza en la aplicación justa de las leyes en una medida razonable. Si no, no se explicaría el incremento de demandas y reclamaciones ante los tribunales. Lo que no es óbice para reconocer la necesidad de reformas de calado. Como las que figuran en dos recientes anteproyectos de leyes –acerca de las que ha emitido dictamen el Consejo de Estado en el mes de marzo– sobre Medidas de eficiencia procesal y de eficiencia organizativa de la Justicia. Destaca la apuesta por el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con mediación de profesionales preferentemente jurídicos. Se trata de reducir la intervención judicial para reservarla a los casos más complicados y agilizar los procedimientos. Esperemos que estos proyectos lleguen a ser aprobados en el Parlamento.

– Los políticos no se privan de comentar su escasa confianza en la misma. ¿Hay motivo?

– Si algún representante político aprovecha su posición para provocar la desconfianza generalizada en una institución que garantiza la observancia de las leyes, mal andamos. La confianza en las instituciones es básica, claro que a la vez hay que dotarla de los medios personales y materiales para que la confianza tenga sustento.

– ¿Cómo recuperar esa confianza?

– La crítica es legítima y conveniente, por supuesto, pero una cosa es criticar una decisión judicial razonadamente con argumentos comprensibles, y otra descalificar con adjetivos gruesos de forma oportunista. La complejidad de la actividad judicial no siempre es compatible con las expectativas de una respuesta simple y sin matices. La madurez democrática de la ciudadanía entiende esta complejidad, y creo que también advierte los peligros de la demagogia.

– La práctica habitual de partidos e instituciones de anunciar que acudirán a Estrasburgo antes de conocer las sentencias revela esa escasa confianza.

– Mostrar de antemano desconfianza en la Justicia española forma parte de la estrategia política de algunos partidos. Pero hay que recordar que en materia de derechos humanos el Tribunal de Estrasburgo establece los criterios que deben seguir los tribunales de todos los países que ratificamos el Convenio europeo. El respeto a estos derechos básicos es condición de pertenencia al club europeo de países democráticos. Rusia acaba de abandonarlo, para desgracia de todos, inclusive la de sus ciudadanos.

– ¿Qué ocurre cuando ante las mismas normas diferentes tribunales adoptan decisiones distintas? Ha pasado mucho durante la pandemia.

– Cuando una norma es necesariamente abierta a la valoración de la 'proporcionalidad' y la 'necesidad' en función de las circunstancias, las decisiones cuentan con un margen de apreciación que explica las diferencias de grado de las medidas según los gobiernos. Los tribunales tienen como objetivo controlar que las decisiones sean razonadas y coherentes con los datos en que se fundan, y que no rebasen la 'proporcionalidad'. Pero no hay una exacta vara de medir que aporte plena certeza. Ante situaciones de incertidumbre científica y sanitaria no hay brújula segura entre tanta niebla; solo cuando se despejan ciertas incógnitas, a posteriori, podremos evaluar el grado de acierto.

– Yllega el Constitucional y tumba el Estado de Alarma. Aunque lo hizo cuando su decisión ya no tenía efectos prácticos.

– Entiendo que el verbo 'tumbar' es muy atractivo para los medios de comunicación, pero el Constitucional solo 'tumbó' parcialmente el estado de alarma, en concreto tres apartados de uno de los artículos de aquel primer Decreto, los relativos al confinamiento domiciliario. Y a la vez afirmó que las medidas adoptadas eran proporcionadas y racionales en las circunstancias de la pandemia y que los ciudadanos tenían obligación de soportarlas. Pero declaró que el confinamiento supuso una «suspensión» del derecho de libertad de movimientos y por ello la cobertura formal en este punto tenía que haber sido la del 'estado de excepción'. Una interpretación polémica, adoptada por exigua mayoría de seis miembros del tribunal frente a cinco. La propia sentencia, reconociendo que las medidas eran sustancialmente pertinentes, limitó los efectos para reducir los casos de reclamaciones posibles contra el Estado.

– ¿Es la defensa de la libertad individual lo que enfrenta a veces a los tribunales con los gobiernos?

– En un estado democrático los tribunales deben garantizar que la leyes que aprueban los parlamentos prevalezcan sobre las decisiones de los gobiernos, porque esas leyes son el marco que legitima y a la vez limita el campo de las decisiones políticas. No se 'enfrentan' como si estuvieran en dos frentes opuestos. Los desencuentros suelen darse por la interpretación de la ley, en cuanto al sentido y el alcance de los términos en que se expresa una norma. Es la permanente deliberación propia del mundo del Derecho en su aplicación a la realidad concreta.

– Los jueces son la garantía en un Estado de Derecho, pero hay quien les acusa de formar una especie de gobierno paralelo dado que a veces echan abajo decisiones de los otros poderes.

– A un dictador los tribunales no le echan abajo las leyes. En una democracia el poder judicial desempeña la tarea de control de la observancia de las leyes, pero no de control de las políticas de gobierno. La batalla por sacar adelante decisiones de envergadura, en forma de nuevas leyes, tiene lugar en los parlamentos, para reunir los votos necesarios. Y las leyes solo pueden ser 'tumbadas' por el Tribunal Constitucional cuando choquen con normas y principios.

– Uno de los problemas de la relación entre poderes es el bloqueo de la renovación del Consejo de Gobierno del Poder Judicial.

– La Constitución ordena que cada cinco años deben renovarse las veinte personas integrantes del Consejo judicial, doce integrantes de la judicatura y ocho juristas. Bloquear la renovación es un incumplimiento del todo inaceptable que ha empezado a afectar a la actividad judicial general. La renovación garantiza la actualización de un órgano que vela por la independencia judicial y por el funcionamiento de la estructura del servicio público de la Justicia, sin interferencia alguna en el contenido de las decisiones judiciales. La exigencia de que las designaciones sean avaladas por una mayoría de tres quintos en el Parlamento pretende garantizar la confluencia de pluralidad de sensibilidades jurídicas e ideológicas en consonancia con la diversidad política de la ciudadanía. Y eso no se logra con un nuevo pacto de reparto de cuotas, que es el penoso ejemplo que se está ofreciendo.

– Son legales, pero ¿le parecen legítimas las decisiones que toma un Consejo que lleva tanto tiempo prorrogado?

– Formalmente lo son, pero crean un pésimo ejemplo para los ciudadanos que deben cumplir las leyes y responder por los incumplimientos. Algunas veces, en el Constitucional, varios de sus miembros llegaron a dimitir para forzar una renovación, aunque no tuvieron mucho éxito. Si nuestros representantes no obedecen un mandato constitucional, ¿con qué autoridad pueden pedir que los ciudadanos respeten las leyes? Y apelar a una reforma futura para incumplir las reglas del presente me parece una excusa vergonzante.

– Cuando se habla de Justicia en general tiende a englobarse todo:jueces, fiscales, órganos judiciales, abogacía, etc. ¿Tiene sentido meter todo eso en un bloque?

– La Justicia en sentido estricto se refiere a las decisiones judiciales que ponen fin a un proceso en el que se han debatido las razones, las pruebas aportadas, la aplicación de la ley al caso concreto. Ahora bien, la maquinaria de la Justicia se pone en marcha a partir de las reclamaciones, denuncias o demandas que los ciudadanos, de personas jurídicas o de instituciones públicas. La abogacía, la Fiscalía, los profesionales técnicos con sus peritajes, intervienen para aportar datos y argumentos que inciden en la decisión judicial. El buen hacer y la calidad de las explicaciones de estos profesionales imprescindibles determinan en buena medida la calidad de los argumentos jurídicos de una sentencia. Son profesionales al servicio de la Justicia desde el prisma de la reclamación de los derechos de sus representados. No cabe una reforma de la Justicia sin contar con ellos.

– Luego están las atribuciones que se hacen en algunos casos. Por ejemplo, cuando un caso de corrupción llega a un juez y alguien dice que los afectados dormirán más tranquilos, o más intranquilos, con ese instructor. Eso tiene que ser demoledor para la Justicia.

– No demos pábulo a esos comentarios cuando son meras conjeturas. La preparación profesional y la independencia de los cerca de 6.000 jueces y juezas en activo –hoy de forma mayoritaria mujeres– es una realidad incontestable. La posible excepción, que sería intolerable y denunciable, confirma la regla general de la independencia.

– Usted acabó la carrera hace ahora medio siglo. ¿Cuánto ha cambiado la Justicia en este tiempo?

– Aparte de lo que supone el trascendental cambio del marco político –de dictadura a democracia constitucional– hoy se acude a la justicia con mucha más frecuencia y confianza. Pero lo que ha cambiado es la percepción de lo que es injusto e intolerable. Ha crecido la conciencia sobre los derechos fundamentales y del derecho a la tutela judicial. Se reclama justicia frente a abusos y maltratos que hasta hace dos décadas eran prácticas toleradas y ocultadas. No solo en el ámbito interpersonal, sino también en el ámbito de intereses colectivos como en relación a la preservación de la naturaleza, o respecto a la necesaria protección de datos y de la privacidad ante la omnipresente digitalización. Las transformaciones socioeconómicas derivadas de la tecnología y la inteligencia artificial... todas estas cosas que están cambiando el mundo van reflejándose en nuevas leyes regulaciones y por ende en nuevos asuntos con los que lidian los tribunales.

– Su generación vivió de lleno las amenazas y los ataques del terrorismo.

– Los primeros atentados de ETA se produjeron cuando estábamos estudiando la carrera, y no se nos ocurría pensar que iban a prolongarse más allá de la recuperación de la democracia. Vimos cómo gente de nuestra edad, que estudiaba junto a nosotros, se fanatizaba por una idea de 'patria o muerte'. Eso impregnó de miedo a toda la sociedad en un momento en que se iniciaba la transición hacia la democracia, entre enormes tensiones y riesgos de involución.

– ¿Qué recuerdo tiene de esos años?

– Me queda el recuerdo de que durante mucho tiempo el silencio ante la violencia terrorista fue mucho más fuerte que las protestas, y eso me avergüenza. ETA era un anacronismo creciente y cruel y no hubiera durado cuatro décadas largas si la sociedad se hubiera plantado antes de forma más decidida. Pero, a la vez, la vida seguía en paralelo entre el goteo de noticias de secuestros y de asesinatos, como una especie de pesadilla esquizofrénica. Recuerdo el terrible mes de febrero de 1981: la primera semana, el asesinato terrorista del ingeniero Ryan de la central de Lemoiz; la segunda, la muerte del presunto etarra Arregui Izaguirre como consecuencia de las torturas aplicadas tras nueve días de incomunicación; la semana siguiente, el 23 de febrero intento golpe de estado con entrada militar en el Congreso de los Diputados. El 27 de febrero era el día señalado para la defensa de mi tesis doctoral, que finalmente pudo celebrarse.