Las «donaciones» obligatorias de Errejón bajo sospecha por financiación ilegal

Todo ello bajo la amenaza -cumplida en diversas ocasiones según la documentación aportada por los denunciantes- de que el Grupo Municipal de Más Madrid expulsaría a los cargos y trabajadores que no cumplieran con sus obligaciones económicas para con la marca nacional (Más País), que en las elecciones de noviembre de 2019 solo obtuvo dos diputados por Madrid (más uno en Valencia en coalición con Compromis), lo que le privó de alcanzar grandes cifras que esperaban de financiación pública.

La denuncia registrada este jueves proviene de varios ediles muy cercanos a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que se escindieron hace tiempo de la formación de Errejón para crear la plataforma Recupera Madrid. El punto central de la demanda es la «carta financiera» que Más Madrid en un principio, y luego Más País, envió a sus trabajadores y representantes no afiliados. Una misiva que establecía que todos «los cargos electos, los/las vocales vecinos (que representan a los grupos municipales en los plenos de los distritos de Madrid capital ) y el personal eventual del Grupo Municipal Más Madrid contribuirán a los ingresos del partido con una aportación del 10% sobre sus retribuciones brutas anuales desde el 1 de enero de 2020» .

Esas «donaciones», como las definían textualmente los documentos de la formación y que llegaron ser de hasta el 13% del dinero recibido, se tenían hacer «efectivas con periodicidad mensual mediante cargo en la cuenta bancaria que designe cada uno de los donantes».

Los ‘carmenistas’ en su escrito al Tribunal de Cuentas recuerdan que el artículo 168 del Código Civil define una «donación» como «un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que lo acepta». Por ello, entienden que «es evidente que la carta financiera no constituye un acto de liberalidad dado que sí se está obligado a ello y al ser de carácter obligado deja de considerarse donación».

La denuncia insiste en que son varios los aspectos de la carta que apuntan a la figura de una cuota y no a una donación como son los hechos de que se fijara un porcentaje fijo tasado sobre la remuneración y que se estableciese que ese desembolso tenía que ser periódico. Y la ley de financiación de partidos, modificada en 2015, fija que las «las cuotas y aportaciones» solo pueden realizarlas los afiliados. La disposición adicional decimoquinta, no obstante, sí que regula las «aportaciones de personas no afiliadas a partidos políticos», pero establece que solo pueden hacer esos pagos las personas que tengan «condición de electos, de altos cargos de todas las Administraciones Públicas o del Sector Público Estatal, Autonómico y Local». Unos supuestos en los que –sostienen los denunciantes- no encajan ni los vocales vecinos ni los trabajadores eventuales.

Se da la circunstancia de que tres juzgados de lo Contencioso Administrativo han condenado ya al Ayuntamiento de Madrid por haber tramitado los ceses de nueve vocales vecinos fulminados por Más Madrid al haberse negado a pagado las cuotas exigidas en esa polémica «carta financiera». Los juzgados han zanjado que «el motivo real del cese» de estos empleados «parece ser el incumplimiento de la obligación del pago de la carta financiera, que incorpora una ilegal donación obligatoria para la financiación de un partido al que ninguno de los actores está afiliado».

Este jueves, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, exigió a la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, Rita Maestre, que aclare si «extorsionó» y «cesó» a trabajadores municipales que se opusieron a «sufragar la deuda electoral» de Más País.

Errejón, por su parte, poco después de registrarse la denuncia ante el Tribunal de Cuentas insistió en la limpieza de esas supuestas «donaciones» al tiempo que atacó al PP, que ha dicho que estudia llevar este asunto a la Fiscalía, al que acusó de tener una financiación «dependiente de sobres en B y de repartir comisiones millonarias a los familiares».