Argelia reprocha a España propiciar la «intromisión» de la UE en un asunto «bilateral»

El anuncio de Bruselas de permitir a España y Portugal poner un tope al gas llegaba este miércoles, poco después de que el Gobierno de Argelia anunciara la ruptura del tratado de amistad con España de 2002. Una vez más, aunque no estaba orquestado, Pedro Sánchez se aferró a la UE para salvar los muebles. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, decidió basar la defensa española en esta cuestión en la violación de los tratados comunitarios firmados con Argelia y consiguió el respaldo cerrado de la Comisión Europea. Abandonada su cautela inicial, calificó la decisión del país magrebí de «preocupante».

Esto obligó el viernes a la delegación argelina ante la UE a recular en su postura, inicialmente firme, y a negar haber cortado el comercio con España, que asciende a más de 1.800 millones de euros anuales._También desmintió que vaya a cerrar el grifo del suministro de gas, el escenario más temido en España. Pese a la tregua, fuentes de Exteriores mostraron «cautela absoluta» a esta respuesta y recordaron que esta no proviene directamente del Ejecutivo de Tebune, sino de una delegación. Tanto Bruselas como Moncloa estudian ahora las consecuencias que puede tener la decisión argelina y las salidas legales si el país mediterráneo mantiene su empeño del bloqueo comercial.

La posibilidad de llevar a Argelia ante los tribunales no parece, en principio, una salida viable, porque no es miembro de la Organización Mundial de Comercio, pero sí se puede denunciar ante el consejo de asociación UE-Argelia por un doble incumplimiento del acuerdo que suscribió con Bruselas en 2005.

Según el artículo 17 de este tratado, Argelia no puede establecer restricciones a las importaciones de productos de ningún Estado miembro de la UE. Otro artículo, el 37, estipula además que está obligada a autorizar en monedas convertibles los pagos relativos a transacciones corrientes, algo que la asociación bancaria de la nación magrebí prohibió a partir de este jueves, pero solo con relación a España.

En el Gobierno también basan parte de su defensa jurídica en que Argelia está cuestionando indirectamente la soberanía de España a la hora de fijar posición sobre algo que no le afecta directamente, como es la autonomía del Sáhara Occidental. Pero desde Argel, aliados históricos del Frente Polisario, consideran que esta cuestión sí les compete.

Independientemente de la salida legal que tenga el conflicto diplomático y económico, Bruselas ha vuelto a sacar las castañas del fuego a Sánchez y ha contribuido a reforzar su posición, debilitada en el flanco interno tras su respaldo al plan de Marruecos sobre el futuro del Sáhara.