Las relaciones entre Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, no eran las mejores en la época en la que la dirigente socialista ocupaba el cargo de vicepresidenta primera. La principal disputa eran las leyes feministas, un movimiento que ambas querían abanderar dentro ... del Gobierno y que generaba constantes recelos en el Consejo de Ministros. Ni la salida de Calvo del Ejecutivo pudo frenar estas discrepancias y este lunes, en una entrevista en El Mundo, ha cargado contra la 'ley trans', de la que dice «puede destrozar toda la ley de Igualdad».
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Desde Podemos, su coportavoz Isa Serra, ha respondido alegando que estas declaraciones no le sorprende. «Todo el mundo sabe lo que Carmen Calvo piensa de los derechos trans, ya trató de impedir que fuera al Consejo de Ministros», ha alegado. También defienden que la ley ha sido construida «con el apoyo de cientos de colectivos LGTBI+».
Precisamente el primer roce en la coalición se produjo solo un par de meses después de la investidura de Pedro Sánchez y también estaba relacionado con una ley del Ministerio de Igaldad, la de libertades sexuales. Las dudas legales esgrimidas por los socialistas provocaron la primera gran crisis, que tuvo que solucionarse a principios de marzo de 2020, a pocos días del decreto del primer estado de alarma por la pandemia, con la convocatoria de una regunión de seguimiento del pacto de la coalilción.
Ahroa con la 'ley trans' vuelve a haber un cisma. Calvo alega que esta norma es «una trampa». «Hemos sido excluidas del sistema por ser mujeres y lo que queremos es entrar y transformarlo. Cuando hablamos de reafirmar el género lo que hacemos es construir una trampa de la que el feminismo quería salir. Luchamos contra el racismo no porque las razas no existan, sino porque no pueden determinar la vida», zanjó.
La 'ley trans', actualmente en tramitación parlamentaria, pretende regular el cambio de sexo legal (o mención registral del sexo) sin ningún requisito, es decir, bajo el principio de autodeterminación de género. Este ya existe en el ordenamiento jurídico español a través de numerosas leyes autonómicas, como la de Madrid, la de Andalucía o la de Canarias. Sin embargo, ninguna de ellas permite el cambio de sexo registral dado que esa es una competencia estatal, no autonómica.
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La exvicepresidenta del Gobierno ha aclarado que la Constitución, en su artículo 14, solo prohíbe la discriminación por razón de sexo. «Solo faltaría que una sociedad democrática en pleno siglo XX permitiera la discriminación por sexo», ha cuestionado. Pero además reprocha que lo prohíbe en términos «light», porque junto a razones de sexo señala que tampoco se puede discriminar por «nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra» cuando «el sexo no es lo mismo que la religión».
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