El 'caso Pegasus' servirá para desbloquear en el Congreso la comisión de secretos oficiales, que lleva casi tres años sin convocarse. O al menos, esa es la intención del Gobierno de Pedro Sánchez, que este domingo se comprometió con la Generalitat de Cataluña a activar ... el foro parlamentario «de manera inmediata» para aclarar que no han existido escuchas ilegales amparadas desde la Monloa e intentar desescalar el conflicto que podría afectar a la marcha de la legislatura.
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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado ya con los grupos para que no haya excepciones, todos puedan formar parte de la comisión parlamentaria y «acceder», con ello, «a información secreta». Una operación para la que, en todo caso, el PSOE necesita de la connivencia del PP, que mantiene su veto a EH Bildu, al igual que Vox y Cs. No quieren que la formación de Arnaldo Otegi acceda a información sensible que afecta a la seguridad nacional. «Ante noticias como las que hemos conocido, necesitamos una explicación», reclamó el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Los conservadores llevan días reclamando que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, convoque cuanto antes un pleno y se constituya la comisión para que puedan dar todas las explicaciones oportunas, a puerta cerrada y con más reservas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, o la directora del CNI, Paz Esteban, entre otros mandos de los servicios de inteligencia españoles. «Hay unas normas para que se constituya esa comisión. Y en el momento en que quien tiene competencias, que es la Presidencia de la Cámara, quiera hacerlo, pues se constituirá», aseguró ayer la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista con este periódico.
Éste es el único foro parlamentario en el que los grupos pueden tener acceso a la información clasificada, los secretos oficiales y los gastos reservados de los Presupuestos, y en el que se controla la actividad del CNI, ahora en el punto de mira por utilizar presuntamente el programa informático Pegasus para intervenir los teléfonos de los dirigentes independentistas.
Fuentes de la presidencia del Congreso argumentan que primero hace falta que los grupos alcancen un acuerdo sobre la composición de la Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados —así es su nombre oficial— y, de momento, no hay consenso. Hoy por hoy, insisten, «los números no salen».
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En la última legislatura de Mariano Rajoy empezaron a aflorar los problemas con la comisión de secretos oficiales cuando el PP vetó la presencia del entonces portavoz de ERC, Joan Tardá. Aun así, el organismo se constituyó y celebró reuniones hasta marzo de 2019. Desde entonces, no ha habido avances y cualquier pregunta sobre fondos reservados queda en el limbo.
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