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Ni una semana ha tardado la Justicia en recordar a Alberto Núñez Feijóo el fantasma de la corrupción que persigue al PP. Por tercera vez en los últimos cuatro años, la Audiencia Nacional ha condenado a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo de ... las actividades ilícitas de la trama 'Gürtel'; en este caso en particular, en las relativas al municipio madrileño de Boadilla del Monte. El partido deberá pagar 204.198,64 euros tras acreditarse que, junto al grupo de Francisco Correa, actuó en una «dinámica de beneficio mutuo» por la que obtuvo una financiación irregular proveniente de «conductas delictivas».
En una sentencia de 303 páginas, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal -el presidente, José Antonio Mora; José Ricardo de Prada; y María Dolores Hernández, esta última como ponente- coinciden de forma unánime en señalar el enriquecimiento del PP a costa de la trama corrupta, aunque sin achacarle responsabilidad penal por ello. Existe «un acervo probatorio sólido», sostiene el fallo, de que los miembros de la red destinaban parte de las comisiones obtenidas en adjudicaciones públicas amañadas «al pago de compras, actos y eventos en favor del partido».
Esos más de 200.000 euros que ahora tendrá que abonar el PP son precisamente los que las sociedades de Francisco Correa habrían destinado a actos de precampaña y campaña en las elecciones municipales de 2003 y 2007. Un beneficio «evidente» para la formación conservadora que permitía a los responsables del Ayuntamiento de Boadilla del Monte «perpetuarse en sus funciones» y «someter» las contrataciones públicas a los intereses de la red corrupta. Se producía así, según describe textualmente la sentencia, «una sustitución de la administración por el entramado criminal».
Esta nueva condena es ya la tercera que implica directamente al partido opositor a lo largo de la macroinvestigación de la 'Gürtel'. La primera, relativa a la época inicial de la trama, le adjudicó una responsabilidad a título lucrativo y fue la que en mayo de 2018 precipitó la moción de censura que acabaría por sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa. El Tribunal Supremo la confirmó en su mayor parte dos años después. La segunda llegó el pasado mes de octubre, cuando se le condenó como responsable civil subsidiario del extesorero Luis Bárcenas por pagar las obras de la sede de Génova a través de la caja B.
El varapalo judicial, por si fuera poco, llega en pleno aterrizaje de Feijóo como nuevo líder de la organización. A diferencia de Pablo Casado, su sucesor sí parece estar dispuesto a hacer declaraciones sobre casos de corrupción sucedidos antes de llegar al cargo. Porque, según el mandatario gallego, «del pasado y de los errores no se reniega, se aprende». En su primera reacción a un fallo que admitió no haber leído aún, aseguró que «el partido tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponda con normalidad» y «pedir disculpas» por «las cosas que se hicieron mal».
Pese al cambio de política comunicativa respecto al anterior inquilino de la séptima planta de Génova -Feijóo volvió a dejar en el aire el cambio de sede impulsado hace un año por Pablo Casado-, la sentencia sirvió este viernes al resto de partidos para redoblar sus críticas al PP. Una nueva condena o, en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, «un clásico como 'Ben-Hur' en Semana Santa». La secretaria general de Podemos y también ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, metió este caso en una misma coctelera junto a las investigaciones de contratos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para concluir que «solo hay un viejo PP».
Además de la propia formación, los magistrados de la Audiencia Nacional condenan a un total de 23 acusados por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. La mayor pena es para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, apodado 'El Albondiguilla', con 36 años y 11 meses de prisión por la comisión de 18 delitos. En su caso, el tribunal no aplica atenuantes porque no observa en él ninguna contribución para reparar el daño causado: «No ha existido ni un mínimo esfuerzo en tal sentido». Reconoció los hechos, sí, «pero solo cuando ya era inevitable por las evidencias».
El fallo también contempla condenas para el cabecilla de la trama, Franciso Correa, y su más estrecho colaborador, Pablo Crespo, con 13 años y medio de cárcel para cada uno de ellos. Igualmente establece penas de entre uno y seis años de prisión para exdirigentes del PP como César Tomás Martín Morales y el exdiputado madrileño Alfonso Bosch, así como a los empresarios José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra y Jacobo Gordon.
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