Aragonès da una semana a Sánchez para que asuma responsabilidades por el espionaje

El independentismo ha conseguido internacionalizar el caso de los espionajes, hasta el punto de que The Washington Post (el del Watergate, según celebraron algunos soberanistas) dedicó este viernes su editorial al 'catalangate', que ha estallado en un momento en que el secesionismo se sentía ninguneado por la Moncloa, a pesar de que los votos de ERC son fundamentales para la estabilidad parlamentaria del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Aragonès, que apunta directamente al CNI, da una semana de plazo, que coincide con un primer escollo para el Gobierno central como es la votación del jueves próximo en el Congreso, que abordará el decreto de las medidas propuestas por el Ejecutivo para tratar de mitigar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Los trece diputados de ERC vuelven a tener la llave de una votación en el Parlamento.

En el horizonte, hay más refrendos pendientes, como la 'ley mordaza', la de memoria democrática, la audiovisual, la de vivienda y la del 'solo sí es sí'. Si no se depuran responsabilidades, el «Gobierno podría llegar a caer -advirtió Aragonès el jueves por la noche en RTVE-. Va a ser muy difícil mantener la colaboración parlamentaria». En la filas republicanas recuerdan que no les tembló el pulso para tumbar la reforma laboral o en la anterior legislatura no apoyar los Presupuestos, lo que provocó el adelanto electoral.

Aragonès, no obstante, no quiere precipitarse, pues está en juego la mesa de diálogo -la apuesta central de su mandato- y el compromiso de los republicanos con el bloque progresista. Su deseo es celebrar un encuentro cara a cara con Sánchez del que, de momento, no hay noticia. El presidente del Gobierno, de hecho, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre esta crisis, a pesar de que este viernes asistió al acto de entrega del Premio Cervantes y podría haber aprovechado para exponer su punto de vista.

La sensación no solo de ERC y otras fuerzas afectadas por el supuesto espionaje, como Bildu, es de que el Ejecutivo no ha asumido la gravedad que sus aliados habituales otorgan al caso o que está noqueado. A lo largo de esta semana, distintos ministros -la portavoz, la de Defensa, el del Interior, la de Justicia o, este viernes, la de Hacienda- se han limitado a repetir la misma cantinela que los partidos del bloque de investidura juzgan insuficiente: que el Gobierno ya ha demostrado con hechos, como los indultos del 'procés', qué tipo de relación desea mantener con la Generalitat, que España es un Estado de Derecho en el que no se intervienen las comunicaciones sin autorización judicial y que el papel del CNI es materia reservada.

En la Moncloa también alegan que el asunto se resolverá con «diálogo» y apuntan a una reunión de la mesa con el Gobierno catalán como foro para desenquistar el asunto. Aragonès, sin embargo, dio a entender este viernes que sin que el Gobierno abra una investigación y depure responsabilidades no tiene ningún sentido mantener las negociaciones sobre el conflicto político porque su confianza en el Ejecutivo es nula.

Los socialistas aseguran estar «volcados» en intentar recomponer la situación. Afirman que los contactos son permanentes. Pero no terminan de creer que el real decreto del plan anticrisis esté realmente en riesgo. María Jesús Montero dio este viernes por hecho que, pese al malestar, ERC lo apoyará y en la dirección del grupo parlamentario socialista afirman que lograrán convalidarlo con una mayoría amplia.

Los socios se afanan en dejar claro que sus amenazas van en serio. ERC, Bildu, BNG, la CUP, Junts, PDeCAT, Más País y Compromís solicitaron la comparecencia en el Congreso de Sánchez y su jefe de gabinete, Óscar López; de los ministros Robles y Marlaska; de los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad Nacional; y de la del CNI, Paz Esteban. La exigencia se une a la petición de una comisión de investigación que también firmaron Podemos y el PNV y a la que, con toda seguridad, el PSOE se opondrá con la ayuda del PP, Ciudadanos y Vox.

La semana que viene la ofensiva parlamentaria se plasmará en la comparecencia en comisión de Óscar López, previamente programada para presentar la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el lunes; el martes, en la sesión de control en el Senado, a la que acude Sánchez, y el miércoles en la del Congreso.

El papel del socio minoritario de la coalición, el primero en pedir el martes que «rueden cabezas», es especialmente complejo. Este viernes, la vicepresidenta Yolanda Díaz defendió que el Gobierno está afrontando esta cuestión con «seriedad y rigor», pero también subrayó que el caso es de «enorme gravedad» y que no hay que tener «temor» a dar explicaciones.