Felipe VI ha decidido hacer público su patrimonio personal casi ocho años después de acceder al trono. «No es una decisión oportunista, nada tiene que ver con las noticias sobre los asuntos del rey emérito. Responde a sus convicciones y a los deberes que tiene ... ante los ciudadanos», sostienen en Zarzuela. Así, con el objetivo de contribuir a la regeneración de la vida pública del país y en una decisión sin precedentes, el Rey ha desvelado que atesora 2.573.392,80 euros. Esta cantidad corresponde «a 2.267.942,80 euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad» –tales como bonos, deuda o acciones– y 305.450 «en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal», detalló la Casa Real a través de un comunicado. El Rey carece de cualquier activo inmobiliario y, además, según fuentes de Zarzuela, no tiene patrimonio en el extranjero. Los depósitos, en cuenta corriente y valores, pertenecen a fondos bancarios de inversión en entidades españolas.
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«Desde su proclamación (en junio de 2014) ante las Cortes Generales, el Rey inició el camino de la modernización de la Corona para hacerla merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus compartamientos», destaca el comunicado de Zarzuela, que recuerda que en aquel acto solemne Felipe VI afirmó que «hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos».
El patrimonio del monarca está constituido principalmente por las retribuciones que ha percibido de los Presupuestos de la Casa Real a lo largo de estos últimos 25 años; primero como príncipe de Asturias a partir 1998 y posteriormente como Rey a partir de 2014. Dichas retribuciones ascienden a la cantidad bruta de 4.275.796.94 euros. «De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de estos 25 años», aclara el comunicado. Este año, de la asignación de los Presupuestos Generales del Estado de 8.431.150 euros para la Casa Real, el Rey tiene una retribución de 253.850 euros, un 20% inferior a la que recibía su padre cuando estaba al frente de la jefatura del Estado.
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Fuentes de la Zarzuela aseguran que la decisión del Rey parte de «sus convicciones personales para regenerar la vida pública» y que la revelación de su patrimonio es una más de las medidas que se han adoptado en los últimos años para dotar de «transparencia y ejemplaridad» a la Corona, como lo fue, por ejemplo, la retirada en junio de 2015 del ducado de Palma a la infanta Cristina por el mal uso del mismo, la renuncia ante notario en abril de 2019 como beneficiario de la Fundación Lucum o el rechazo en marzo de 2020 a la herencia que pudiera corresponderle en su día de su padre, a quien en ese momento también retiró su asignación real. Asimismo, desde su llegada al trono, Felipe VI decidió hacer incompatibles las actividades públicas y privadas de los miembros de la Familia Real, para que no pudiera repetirse un caso como el de Iñaki Urdangarin;establecer que la representación de la Corona solo se podía hacer por mandato del Gobierno o de la institución; marcar el régimen de retribuciones; y regular los regalos.
«Esa demanda de regeneración pública están muy presentes en los millones de personas que afrontan su trabajo cotidiano con esfuerzo y honradez, con vitalidad y generosidad; personas que, a diario, cumplen con sus obligaciones ponen de manifiesto sus valores cívicos y así construyen y definen el futuro de nuestro país», subraya el comunicado.
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Si bien el paso dado ayer por el Rey no será el último en esta dirección –«el proceso de adaptación será constante», insistieron fuentes de Zarzuela–, la Casa Real no cree necesario que la reina Letizia también haga público su patrimonio, pues no recae sobre ella ninguna responsabilidad constitucional de representar al Estado. En cambio, los altos cargos de la Casa del Rey ya venían publicando su declaración de bienes, pese a no estar obligados legalmente a hacerlo.
Desde su llegada al trono, Felipe VI ha solicitado asesoramiento jurídico de la Abogacía del Estado, contratado un interventor externo y somete sus cuentas a una auditoría, que luego comenzó a publicar junto a la memoria de actividades.
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Es sabido que cualquier decisión de calado en Zarzuela no se toma sin el conocimiento del Ejecutivo. Y esta vez no ha sido distinto, pero sí ha habido algo diferente. Además de a los partidos que forman la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, la Casa Real amplió el foco y trasladó la decisión de Felipe VI de hacer público su patrimonio al principal partido de la oposición, el PP, y a buena parte del arco parlamentario.
Se quedaron fuera ERC, Junts, Bildu, la Cup y BNG. Fuentes de Zarzuela indicaron que esa decisión se tomó porque Carmen Calvo, en su etapa en el Gobierno, ya avanzó que cualquier cuestión que atañe a la Corona habría de abordarse solo con partidos constitucionalistas.
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