Los nuevos investigados en la causa contra José Luis Moreno guardan silencio

De esta primera lista, seis se acogieron a su derecho a no declarar ante las preguntas del juez Ismael Moreno y el fiscal alegando que fueron citados en julio y que no han tenido acceso a la documentación necesaria para preparar con garantías el interrogatorio. Mientras que otros dos no se presentaron a la citación.

Esta batería de comparecencias, poco habitual al tratarse de un mes sin actividad judicial ordinaria, responde al informe de 482 folios de la Guardia Civil de Cataluña y la Policía Nacional remitió al juzgado. En el mismo los agentes identificaron a todos los nuevos imputados, a los que dividen en administradores, testaferros y empleados de banca que presuntamente colaboraron con la organización de forma activa o secundaria.

Una trama cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos.

Esta estructura «dividida en células operativas y claramente jerarquizadas» tendría como supuestos líderes desde el año 2017 al propio José Luis Moreno y a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, que contaban «con funciones definidas».

Unos 58 de los 77 nuevos investigados aparecen en el informe como presuntos testaferros de las empresas y sociedades que la trama habría utilizado para lucrarse con los mencionados créditos y concesiones bancarias. «Eran los encargados de personarse en la entidad bancaria, presentar la documentación contable y financiera que Aguilera y Salazar habían preparado junto al resto de sus colaboradores para así solicitar financiación para sus sociedades», recoge el informe policial.

Del resto de nuevos encartados, los investigadores distinguían a los empleados de banca que, por una parte, tenían «conocimiento real de que los líderes de la organización» eran los que dirigían las sociedades y gestionaban la financiación «a pesar de no figurar en los órganos de administración de las sociedades ni aparecer en las mismas como socios o apoderados». Aun así, accedían a «facilitarles toda la información y realizar con estos las operativas bancarias que les pedían», ya fuese por «negligencia o por falta de diligencia en sus funciones».

Por otra parte, la policía judicial apuntaba a otro eslabón: el de los empleados de banco que «participaban de forma activa y directa en estas operaciones percibiendo de la organización una remuneración por su trabajo, tanto en dinero como en especies, como teléfonos móviles de alta gama, televisores, coches o estancias en hoteles».

Las indagaciones en torno a Titella (títere en catalán) comenzaron en 2018 y la operación explotó en junio de 2021 con la detención del popular ventrílocuo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos»