Movimientos de última hora complican el juicio para Laura Borràs

Herrero ya pactó en su día con la Fiscalía en otra causa por la que fue condenado a cinco años de prisión. En ese caso fue condenado por tráfico de drogas. De hecho, la causa penal contra Laura Borràs arrancó de rebote y de casualidad. El amigo de la expresidenta del Parlament, informático, tenía el teléfono pinchado por los Mossos, que le investigaban por asuntos relacionados con las drogas. Fue en una conversación con un amigo, cuando soltó la frase «facturo unos trapis» con la ahora presidenta de Junts, lo que puso a la Policía catalana sobre la pista de la líder nacionalista. A partir de ahí arrancó una investigación sobre ella, que concluye este viernes en el inicio del juicio. Herrero ya fue condenado y una segunda condena elevaría su riesgo de ir a prisión, por lo que la presión es máxima. El Ministerio Público le pide una confesión en la que diga que se limitó a seguir las instrucciones de Borràs en cómo fraccionar los contratos para que le adjudicara los contratos públicos.

Esta es la baza de la Fiscalía para inculpar a la presidenta de Junts. En cambio, la dirigente nacionalista aún confía en que los jueces tumben una de las principales pruebas que la incriminan. Se trata de los correos electrónicos que intercambiaron Borràs y Herrero y en los que se describe la mecánica de cómo fraccionar los contratos para burlar los controles administrativos. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, asegura que esos supuestos correos incriminatorios se obtuvieron por parte de los Mossos sin aval judicial y no se respetó la cadena de custodia. El juez tiene que decidir este viernes en las cuestiones previas si admite o no estos correos como pruebas.