Griñán, condenado a prisión: ahora, ¿qué?

¿Podrá recurrir Griñán la sentencia?

El abogado de José Antonio Griñán, José María Calero, ya anunció, cuando en julio se produjo un adelanto del fallo de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este órgano dirimirá si se han violado, o no, los derechos fundamentales de Griñán durante el proceso judicial. El TC no entrará en la valoración de los hechos por los que se le juzgaron.

¿Pedirá Griñán el indulto?

La familia de Griñán, su esposa y sus hijos, han registrado ya en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial de la pena de prisión por razones de «humanidad y equidad». Aclaran que se trata de una solicitud familiar y basada en las circunstancias personales de Griñán, de quien afirman que tiene una «intachable trayectoria vital» y un «profundo respeto a las instituciones del Estado».

¿Este recurso o la petición del indulto evitarán que el expresidente de la Junta de Andalucía entre en la cárcel de forma inmediata?

Normalmente, tras una sentencia del Supremo de estas características, la Sala suele pedir que la entrada en prisión tenga lugar en un plazo de diez días. Pero se espera que la defensa de Griñán solicite la aplicación del artículo 4.4 del Código Penal, que otorga la posibilidad de no entrar en la cárcel si media la petición de un indulto. Además, ante recursos al Constitucional, existe la opción de que la sentencia pueda quedar suspendida para personas condenadas con hasta cinco años de cárcel. Aunque la pena de Griñán asciende a los seis años.

¿Hay otros instrumentos para que el expresidente andaluz no tenga que entrar en prisión?

La defensa de Griñán prevé formalizar ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que estableció la condena. Este incidente de nulidad sería previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que analiza la defensa también para suspender la ejecución de la sentencia. Lleva aparejada la suspensión de la sentencia y de la entrada en prisión.

¿Le ayudará a Griñán que la sentencia tenga un voto particular?

El voto particular constituye una sombra que se cierne sobre la sentencia y abre unas dudas que pueden actuar en auxilio del expresidente de la Junta y de otros condenados. Las dos magistradas que lo emiten, Ana Ferrer y Susana Polo, consideran que sólo los responsables de la Consejería de Empleo deberían haber sido condenados por malversación (delito al que va aparejada la pena de cárcel), ya que éste fue el órgano que repartió las ayudas. Griñán era consejero de Hacienda, pero no intervenía en el tramo final de la ejecución del presupuesto ni conocía cómo se efectuaba en Empleo. Las magistradas que emiten el voto particular consideran que atribuir malversación al expresidente de la Junta es un «salto al vacío» y que se basa en indicios que no son concluyentes. Consideran que no hay hechos específicos que puedan llevar a concluir que desde Hacienda se supiera que Empleo iba a cometer irregularidades.

¿Indultará el Gobierno al expresidente socialista?

Las declaraciones efectuadas por miembros socialistas del Gobierno hacen pensar que así será. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, afirmaba en agosto que al PSOE no le preocupa que un hipotético indulto a Griñán pueda restarle votos en las citas electorales del próximo año. Argumentaba que el Gobierno y el PSOE priorizan la rentabilidad social a la electoral. Asimismo aseguró que el Ejecutivo estudiará «con rigor» la petición del indulto. Pero la parte morada de la coalición no se muestra tan partidaria del indulto. Ayer mismo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sugirió el rechazo de su partido a aplicar esa medida de gracia. Recordó que Podemos nació para «acabar con las peores prácticas del bipartidismo».

¿Por qué a Griñán se le condena a prisión y no a Chaves?

Mientras que a Griñán se le condena por prevaricación y por malversación, a Chaves sólo se le atribuye prevaricación, delito que se castiga con la inhabilitación. La sentencia considera que Griñán, mientras fue consejero de Hacienda, recibió informes de la Intervención General de la Junta que avisaban de que las ayudas se estaban dando prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. Se considera que Chaves no tenía esa responsabilidad.