La Audiencia pide a un forense que determine si el cáncer de Griñán puede ser tratado en prisión

El tribunal sevillano, ante este último alegato del exjefe del Ejecutivo autonómico, ordenó este viernes un informe forense que determine el alcance del tumor de Griñán y la posibilidad de que éste pueda o no ser tratado en prisión. En su oficio, la Audiencia dispone que el Instituto de Medicina Legal «designe un forense» para que «examinada la documentación y con reconocimiento del paciente si fuera necesario» emita un «informe valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito».

El expresidente andaluz, que no tiene metástasis, supo del diagnóstico hace solo ocho días, según la documentación presentada. El letrado de Griñán, José María Calero, defendió en su escrito que su cliente, condenado a seis años de cárcel por malversación en el 'caso de los ERE', no puede ser tratado adecuadamente del cáncer en prisión.

Se da la circunstancia de que el jueves la propia Audiencia Provincial del Sevilla aceptó suspender cautelarmente el ingreso en prisión de otro de los condenados, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, en base al artículo 80.4 del Código Penal («enfermedad muy grave con padecimientos incurables».) Ese mismo precepto es el que invocó Calero, si bien, y a la vista de los primeros informes médicos, el cáncer de Griñán presentaría un diagnóstico optimista.

El jueves, la Audiencia desestimó los recursos de los condenados por la pieza política del 'caso ERE' y requirió a siete de ellos, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía, para que ingresen voluntariamente en un centro penitenciario en un plazo de diez días.

En su recurso de súplica rechazado el jueves, Griñán, que ha pedido el indulto al Gobierno de Pedro Sánchez, reclamaba al tribunal «fijar un plazo prudencial mayor que el de diez días acordado, para el comienzo del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad», proponiendo en concreto «tres meses» para «evitar un cumplimiento (de la pena de cárcel) que pudiera ser fallido, indebido innecesario o improcedente». «Porque lo que es innegable es que si fuera concedido el indulto parcial o estimada la cuestión de nulidad por la que se interesa la reducción de la pena a dos años, el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente, es decir, innecesario», exponía su defensa.

Sin embargo, la Audiencia rechazó el jueves de plano esos argumentos. Al margen de que sostenía que Griñán «plantean cuestiones ya resueltas en el auto recurrido y no hay dato o circunstancia alguna que permita reformar la resolución dictada», la Sección Primera de la Audiencia insistió en que «ninguna razón existe para un aplazamiento (a tres meses) del cumplimiento de la pena privativa de libertad, carente de apoyadura legal y que supondría un agravio comparativo al resto de los penados y una decisión arbitraria carente de justificación».