La Fiscalía pide seis años de cárcel por la gran estafa del 'pequeño Nicolás'

En esta ocasión, el joven de 28 años se hizo pasar por un miembro de la Vicepresidenta del Gobierno, entonces dirigida por la popular Soraya Sáenz de Santamaría, para estafar al empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga en la venta de una finca situada en Toledo llamada La Alamedilla. Un terreno vinculado a los exresponsables de Banesto Mario Conde y Arturo Romaní a través de Inversiones Rondonópolis. Esta mercantil compró en octubre de 1994 la finca a la financiera de Banesto y se la vendió en 1997 a la sociedad Hacienda La Alamedilla.

Según el escrito de la Fiscalía, a principios de octubre de 2014, poco antes de su detención por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el acusado entró en contacto con Martínez de la Hidalga, exdirectivo del Banco Santander, en su condición de administrador de Hacienda La Alamedilla.

El 'pequeño Nicolás' se hizo pasar por un miembro del equipo de trabajo de la vicepresidenta y agente del CNI, de tal forma que mantuvo varias reuniones con el empresario durante las cuales le persuadió del interés del Gobierno en ayudarle a vender el terreno por 15 millones de euros a algún comprador extranjero.

Para ello le vendió sus 'relaciones' con el presidente guineano Teodoro Obiang y con el exministro socialista Miguel Ángel Moratinos, con quien Gómez Iglesias llegó a mantener contacto, según detalla un informe de los investigadores del 'caso Nicolay'. Por esta gestión, el joven le pidió 300.000 euros en concepto de intermediación, según la Fiscalía.

Al mismo tiempo, el acusado tuvo conocimiento de que en la delegación de la Agencia Tributaria de Málaga se había dictado una propuesta de liquidación de cinco millones de euros contra el citado empresario y la sociedad Petraxarquia. A raíz de tener esta información, la Fiscalía sostiene que Gómez Iglesias, "con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico", se aprovechó de esta precaria situación e ideó un plan para apoderarse de los activos financieros de Martínez de la Hidalga y de su esposa, que ascendían a más de 500.000 euros.

Para sorprender a sus interlocutores, el joven estafador contrató el alquiler de vehículos de alta gama de color negro y con conductor. Se hizo con un lanza destellos tipo policial para colocarlo en los citados vehículos y elaboró varios documentos oficiales «mendaces» de Presidencia del Gobierno, Casa Real y CNI. En estos papeles, utilizó los escudos de España y de la Casa Real y otros logotipos y anagramas propios de los documentos oficiales, todos ellos obtenidos de documentos que encontró en Internet.

Asimismo, publicó en su perfil de Facebook varias fotografías en las que aparecía con personalidades de la política y el mundo empresarial: en la recepción del Rey el día de la coronación, con el expresidente José María Aznar en la Fundación FAES, con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y otras fotografías en las que se ve participando en reuniones y actos con importantes empresarios.

Más tarde, el acusado expuso a su víctima que la Agencia Tributaria ya había decretado el embargo contra sus cuentas y las de su familia, «hecho incierto», y que debía colaborar en una supuesta investigación del Gobierno relativa a la actuación ilícita de un funcionario de Hacienda y de esa forma evitaría que el embargo se produjera. Finalmente, tras varias visitas a una entidad bancaria, el director de la sucursal, «ante la sospecha de que todo fuera una estafa», trató de retrasar la operación.

Acto seguido, en previsión del aviso del embargo, Martínez de la Hidalga procedió a retirar 25.000 euros mediante un cheque firmado por su esposa. La cajera de la sucursal le entregó dos sobres blancos con 15.000 y 10.000 euros, respectivamente. Inmediatamente ambos abandonaron la sucursal y se subieron al vehículo donde el acusado les pidió los sobres con la excusa de guardar el dinero en un lugar seguro, «a lo que éste accedió con la intención de que se los guardara y se los devolviera posteriormente».

El día 13 de octubre de 2014, el empresario tuvo dudas de la operación por lo que pidió al joven que le devolviera su dinero. Este le entregó un sobre con el escudo de España y el logotipo «Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia», que había elaborado previamente, con 10.000 euros; y le mostró otro idéntico en el que, según le dijo, contenía 15.000 euros «y que no se lo devolvía todavía».

La supuesta operación de venta de la finca fue una de las causas de la detención de Nicolás tras la declaración policial del denunciante. Sin embargo, Gómez Iglesias manifestó a los agentes que su labor, en realidad, «era intermediar para conseguir un crédito hipotecario de 20 millones de dólares del Banco Nacional de Guinea».

Estas dos versiones opuestas llamaron la atención a los investigadores. De esta manera, de la operación inicial del 'pequeño Nicolás' se ha llegado ahora a la certeza «de que La Alamedilla se ha utilizado como aval para obtener financiación a través de créditos hipotecarios desde la constitución de la sociedad titular», Hacienda La Alamedilla SL, el 7 de mayo de 1997, es decir, hace ya 25 años.

Los investigadores sospechan que en estas dos décadas ha habido una estrategia de protección de la finca para escapar del comiso de la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción número tres), a diferencia de lo que ocurrió con otros terrenos adquiridos por las sociedades de los dos condenados por el fraude de Banesto: Romaní y Conde.

Esta operativa, que pudiera enmarcarse en un presunto blanqueo de capitales, incluye también la concesión a Hacienda La Alamedilla de un préstamo de Sa Nostra por 3,45 millones y cuya garantía hipotecaria era la propia finca. Ello, pese a que la sociedad no tenía actividad. En aquella época, el vicepresidente de la caja era Antonio Borrás, cuyo nombre, curiosamente, aparece en dos manuscritos intervenidos a Nicolás.

De todo esto «cabe deducir que los socios se asustaron con la detención del joven por si se pudiera averiguar el origen de la finca y su vinculación con la mercantil que recibió fondos ilícitos del dinero desviado de Banesto» por Conde y Romaní, asegura la comisión judicial del 'caso Nicolay'.