La Fiscalía pide reactivar la busca y captura de Puigdemont

La decisión de la Fiscalía de 'resucitar' la ofensiva judicial para traer de vuelta Puigdemont a España se produce cuando el expresidente de la Generalitat y líder de Junts se ha convertido en pieza clave para la futura gobernabilidad de España, puesto que la abstención de los siete diputados de la formación catalana son indispensables para una hipotética investidura de Pedro Sánchez. «Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto», se quejó desde Waterloo el expresident al poco de hacerse público que volvía a ser oficialmente un prófugo.

El Ministerio Público desvinculó por completo la decisión de pedir reactivar las órdenes contra Puigdemont y Ponsatí con el proceso electoral y remarcó que la petición al juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, está motivada exclusivamente por la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 5 de julio de 2023 que retiró la inmunidad de ambos europarlamentarios, además de la también fugada Clara Ponsatí, quien precisamente fue detenida de nuevo este lunes en Barcelona tras su vuelta a España.

Aunque esta sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023.

El Ministerio Fiscal también recuerda que, tras la reforma exprés del Gobierno del Código Penal para hacer desaparecer la sedición y modificar la malversación, todavía es posible acusar a los dos huidos de de malversación, a los que es aplicable el art. 432 Código Penal, que lleva aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, podrán ser de entre 6 y 12 años de prisión.

Tras la controvertida modificación legal impulsada por el Ejecutivo de Pedor Sánchez, El Tribunal Supremo decidió reconducir la causa contra el exjefe de Gobierno autonómico por delitos de malversación y desobediencia y no por desórdenes públicos.

Responsables de la Fiscalía destacaron en declaraciones a este medio que ahora ven «más posibilidades» de conseguir la entrega de Puigdemont y que por eso se ha decidido reactivar el procedimiento. Y ello porque, en la práctica a nueva resolución del TGUE implica retrotraer la situación al 9 de marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo acordó levantar la inmunidad a Puigdemont y Comín a petición del Tribunal Supremo.

Ambos recurrieron esta decisión y lograron que la Justicia europea les devolviera la inmunidad de forma cautelar, pero ese blindaje se vino abajo el pasado 5 de julio y es muy «improbable» –entienden en el Ministerio Público- que la TGUE cambie de criterio ante futuras apelaciones. Y lo cierto –destacan estas mismas fuentes- es que aunque esta nueva resolución también es recurrible la pérdida de inmunidad resulta irreversible a corto plazo.

Frente a casi seis años de fracasos y reveses judiciales internacionales, Llarena ahora también cuenta en su arsenal con la sentencia del pasado enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limita los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega de Puigdemont. La justicia europea zanjó que los tribunales de Bruselas deben ceñirse a las excepciones que recoge la decisión marco de las euroórdenes, y comprobar si el Supremo es la autoridad competente a la hora de rechazarlas no es una de ellas. En ningún momento, la justicia belga debe entrar en cuestiones de fondo a partir de ahora.

No obstante, la decisión de la corte de Luxemburgo deja algunos resquicios en lo referente a los derechos fundamentales de los reclamados a los que podrían asirse las defensa de Puigdemont o Comín, pero reduce en extremo los argumentos que pueden alegar los abogados de los huidos.