La Fiscalía estrecha los márgenes al Gobierno para el indulto a Griñán

La defensa de Griñán, una vez la Fiscalía envió ese primer primer escrito, pidió a la Audiencia de Sevilla que rechazara la petición de ingreso inmediato en prisión alegando supuestos excepcionales que hacían que esa ejecución de la pena no debía ser «ni inmediata ni automática», ya que se trata de la única condena que ha sufrido el expresidente andaluz en toda su vida y que además no tiene antecedentes. También recordaba que la petición de indulto registrada por la familia del expolítico el pasado 1 de septiembre ha tenido el respaldo de más de 4.000 adhesiones de personas del mundo del deporte, la cultura, de las filas socialistas y también de antiguas figuras del Partido Popular.

También estaba pendiente que la Fiscalía se pronunciara sobre los efectos de la presentación de incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo. Pero en el documento remitido este jueves a la Audiencia de Sevilla Anticorrupción afirma que en su anterior escrito «ya tuvo en cuenta para valorar la procedencia de la suspensión de la pena privativa de libertad el hecho de la presentación por los penados de un incidente de nulidad». De esta forma, la Fiscalía «reitera en todos sus extremos el contenido de su informe de fecha 2 de noviembre de 2022 por el que se opone a la suspensión de la pena de prisión» impuesta sobre los condenados por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, entre quienes se encuentra José Antonio Griñán.

En definitiva, en los dos informes la Fiscalía se opone, primero a suspender el cumplimiento de la sentencia por la petición del indulto y, a continuación, por la presentación de los incidentes de nulidad planteados por las defensas.

En el escrito enviado la semana pasada, los fiscales anticorrupción esgrimían que en estos casos se valora si se han vulnerado derechos por dilaciones indebidas en el procedimiento, circunstancia que no ha tenido lugar; también argumentaban que las penas de prisión en estos casos «no son lo suficientemente largas» para que la posible concesión del indulto «no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones»; y, además, resaltaban que lo que ha condenado la justicia es una forma más de «corrupción política», malversación, que conlleva prisión. También ponían de relieve que el Supremo había advertido de que la suspensión de la ejecución de la pena se debe aplicar en casos «excepcionales», ya que prima el interés público de que se cumplan las condenas en firme.

La Audiencia de Sevilla había pedido a la Fiscalía que se pronunciaran sobre la entrada en prisión de Griñán, después de que se confirmara una pena de quince años de inhabilitación por prevaricación y de seis años y dos días de prisión por malversación de caudales públicos por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

La reiteración de la posición de la Fiscalía contraria a la suspensión de la ejecución de la sentencia mete presión al Gobierno para la decisión sobre el indulto a Griñán si la intención era evitar que el expolítico pasara un solo día en prisión. Pero, además de eso, pone también dificultades de índole moral al Ejecutivo para que abogue por tomar esta medida de gracia, dado que la Fiscalía no ha optado por el respaldo a la suspensión de la entrada en la cárcel a la espera de la resolución del indulto y persigue su ingreso penitenciario inmediato. A ello se une el hecho de que una parte de la coalición, Unidas Podemos, se ha opuesto de forma reiterada a la concesión del indulto al socialista.