El fiscal apoya suspender la entrada de Griñán en prisión pero pide más informes

En su escrito, los fiscales Juan Enrique Egocheaga Cabello y Manuel Fernández Guerra insisten en que el «tratamiento» del condenado ni siquiera se ha «iniciado» y que el estudio de la forense ha tenido que ser, por fuerza, un simple «análisis predictivo». Los fiscales recuerdan que el IML recomendó «la no conveniencia de su ingreso en centro penitenciario» a la espera de la que se «confirme la remisión de su patología oncológica» por los «Servicios de Urología y de Oncología Raditerápica». Por ello, urge a la forense a que se dirija cuanto antes a esas dos unidades para que le faciliten datos a fin de «evacuar un informe más preciso sobre la procedencia de su ingreso en prisión».

Insiste el Ministerio Publico en la conveniencia de «suspender entretanto» el ingreso en prisión del expresidente de la Junta pero reitera que, al margen del nuevo informe del IML, también habría que recabar la opinión de los «servicios médicos penitenciarios» de los centros Sevillanos para ver si son capaces de dar el tratamiento necesario al condenado dentro de prisión.

En su informe, el IML señaló que no veía «conveniente» su entrada en la cárcel por considerar que en un centro penitenciario no podría recibir un tratamiento adecuado al « muy grave» cáncer de próstata cuyo diagnóstico le fue confirmado a mediados de pasado diciembre.

«Tras la entrevista personal y a la luz de la información clínica aportada, se puede concluir, la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica por los servicios de urología y de oncología radioterápica», concluye la forense Mari Ángeles Dichas, que examinó al condenado a principios de año en la sede de los juzgados de Sevilla.

Además, la médico explicó que veía «poco compatibles» con la «dinámica carcelaria» los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia que ya está recibiendo el expresidente andaluz y que harán necesarias «frecuentes revisiones». Y ello, reconocía la especialista, a pesar de que la sanidad penitenciaria «puede hacer frente a cualquier demanda médica».

La facultativa, en su informe de cinco páginas, insistí en que la enfermedad de Griñán es «muy grave», pero que «existen posibilidades de curación». Aun así, recordaba, que el diagnóstico de un cáncer produce un «derrumbe de su estructura psíquica» y crea una «incertidumbre enorme respecto al tratamiento y evolución». En esa coyuntura -explica- la entrada en la cárcel «no ayuda a afrontar» esta enfermedad, que necesita de un apoyo «familiar y social, necesario e incluso imprescindible» en estos casos. E incide en que «desconocemos» la evolución de la enfermedad y posibles efectos secundarios tras la toma de medicación y radioterapia a la que se somete el expresidente autonómico.

En el caso concreto del exmandatario, se le ha diagnosticado un denocarcinoma de próstata, en términos científicos un 'adenocarcinoma acina grado 4+3 de Gleason. (Grado de pronóstico grupo 3 en una clasificación del 1 al 5).

En esencia, la forense daba la razón a la defensa del exmandatario andaluz, que el pasado 23 de diciembre reclamó a la Audiencia Provincial que suspendiera la orden de ingreso en prisión que este mismo tribunal había dictado 24 horas antes contra Griñán, alegando que su cliente condenado a seis años de cárcel por malversación, no podía ser tratado adecuadamente de su dolencia en prisión, ya que es cáncer de próstata de «alto riesgo» que necesita de «tratamiento combinado y urgente».

La posible decisión del Audiencia Provincial de Sevilla de dejar en suspenso en ingreso en la cárcel, de paso, libra al Gobierno de tener que decidir contrarreloj sobre la petición de indulto que había presentado ya el expresidente para eludir su ingreso en prisión o reducir, llegado el caso, su estancia en la cárcel al mínimo.

El pasado 22 de diciembre, solo un día antes de que Griñán hiciera público su dolencia oncológica, el tribunal había dado al expresidente y a seis exaltos cargos del Gobierno autonómico un plazo de diez de días para entrar en la cárcel, que expiró el lunes de la pasada semana. Los otros seis exaltos cargos que habían sido requeridos para entrar en prisión lo han hecho en los últimos días. Se trata del exconsejero de Empleo y Desarrollo José Antonio Viera; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el director general de la empresa que concedía el dinero público Miguel Ángel Serrano; el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández; y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.

Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, el octavo de los condenados que debía entrar en prisión, como en el caso de Griñán tampoco ha ingresado en ningún centro penitenciario a la espera de que el tribunal decida si tramita la suspensión de la ejecución de pena que solicitó su defensa por «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».