Conde-Pumpido presidirá hasta 2026 un Constitucional roto y con desafíos relevantes

Perteneciente a una larga saga de juristas gallegos que ostentaron relevantes cargos, Conde-Pumpido tiene por delante el complejo reto de encabezar un órgano profundamente dividido y desgastado tras un convulso mes de diciembre, instrumentalizado por la polarización política y víctima de un bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que demoró medio año su renovación precisamente para tratar de torpedear el nombramiento del nuevo presidente. Un plan que al final resultó fallido, dejó por el camino varios magistrados del Supremo damnificados y llevó al límite la tensión en el gobierno del Poder Judicial. Demasiados daños colaterales.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, Conde-Pumpido forjó su carácter en el País Vasco, como magistrado de la Audiencia de San Sebastián desde 1981 a 1985, «los años de plomo» de ETA. Fueron los más violentos por los atentados de la banda terrorista y la respuesta de la llamada «guerra sucia» del GAL. También investigó las torturas policiales. Nunca ha sido un magistrado cómodo, sino díscolo, aunque nadie pone en duda su dilatada experiencia y su solvencia jurídica. Ni antes en el Supremo ni ahora en el Constitucional.

A diferencia de otros antecesores, Conde-Pumpido ha vivido en primera persona cómo el sector conservador se posicionó este miércoles radicalmente en contra, entre otros motivos, por su pasado como fiscal general en los dos gobiernos de Rodríguez Zapatero (2004-2011). Hasta el punto que los cuatro magistrados de este bloque, ahora minoritario tras la renovación, apoyaron la candidatura de una progresista confesa, la catedrática María Luisa Balaguer, con la única finalidad de hacerle la pinza a su rival.

Finalmente, el voto decisivo que decantó la balanza fue el de María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo y una de los dos magistrados designados por el CGPJ el pasado diciembre con el aval paradójicamente de los vocales conservadores, mayoritarios en el Consejo. Este sector hizo lo imposible para que no fuera elegido el candidato por unanimidad de los progresistas: el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, a quien consideraban más cercano a Conde-Pumpido que Segoviano. Sin embargo, su estrategia de buscar candidatos más blancos para atraer a los progresistas y salir del bloqueo, como ocurrió con la expresidenta de la Sala Social, se ha demostrado fallida tras la designación este miércoles de Conde-Pumpido.

Con este escenario, el presidente tendrá una amplia mayoría de magistrados para ejercer sus funciones sin aparentes sobresaltos: convoca y preside el pleno y convoca también las Salas, adopta medidas para el funcionamiento del tribunal, nombra a los letrados y aprueba los concursos para cubrir las vacantes. También debería urgir a las Cortes para que cubran la plaza de Alfredo Montoya, el magistrado que ha causado baja por enfermedad y que en teoría le corresponde nombrar al Grupo Parlamentario del PP en el Senado.

La sorpresa, porque con esta decisión se rompió una norma no escrita que otorga la vicepresidencia a un magistrado de otra sensibilidad al presidente, llegó con el nombramiento de Inmaculada Montalbán como número dos. Por seis votos frente a cinco también, el bloque progresista aupó a esta juez del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) al cargo de vicepresidenta en lugar del favorito Ricardo Enríquez, que recibió el apoyo del sector conservador y de Balaguer.

Se da la circunstancia de que Montalbán, que fuera también vocal del CGPJ, entró en el TC en la renovación de noviembre de 2021, que fue pactada por PSOE y PP, mientras que Enríquez tiene más antigüedad ya que lleva en el órgano desde 2017, como Conde-Pumpido y Balaguer.

En suma, la nueva composición deberá pronunciarse sobre recursos de gran calado político y social (más de un centenar). Por ejemplo, la ley del aborto de 2010, la ley de la eutanasia, la aprobación de la reforma laboral, el uso del castellano en las aulas catalanas, la reforma educativa o la norma que restringe las competencias del CGPJ para nombrar a altos cargos de la judicatura mientras está en funciones, y que ya tiene consecuencias en el Supremo, con 17 vacantes de 79.

Tras finalizar la votación, Conde-Pumpido intervino para desmentir los rumores de los últimos días de que con su llegada a la presidencia se podría favorecer a los independentistas. Recordó que la Constitución establece la indisoluble unidad de España y que «no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación» e informó de que este martes se celebrará un pleno para distribuir las secciones y salas. Comienza la era Conde-Pumpido.