Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949), el nuevo presidente del Tribunal Constitucional después de un conflicto que llegó a enfrentar a los tres poderes del Estado hasta que en los primeros días de este año se renovaran los cuatro cargos de la corte de garantías ... caducados -los dos que corresponden al Gobierno y los otros dos que tiene derecho a designar el Consejo General del Poder Judicial-, se consideraba el candidato de Moncloa y de ahí que los vocales conservadores de la corte de garantías se inclinaran por la otra contendiente, María Luisa Balaguer, también de perfil progresista.
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Hijo y nieto de juristas -su abuelo paterno fue presidente de las Audiencias Territoriales de A Coruña, Valladolid y Valencia y su padre desempeñó importantes destinos tanto en la Judicatura como en la Fiscalía- Conde-Pumpido inició su carrera profesional en 1974 como Juez de Primera Instancia e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Ourense). En 1981 ascendió a magistrado y entonces se fue al País Vasco, como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián. En 1985 se trasladó a Segovia en calidad de Presidente de la Audiencia Provincial. Y en 1995 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, convirtiéndose de esta manera en el magistrado más joven del alto tribunal, al contar entonces con apenas 46 años.
En el desempeño de estos cargos, fue uno de los primeros magistrados que condenó a personas relacionadas con la guerra sucia contra ETA. En concreto, participó en el juicio contra el exministro del Interior José Barrionuevo y su número dos, el ex secretario de Estado de la Seguridad Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey, una de las primeras actuaciones de los GAL, y se pronunció a favor de su condena. Acto seguido, el Gobierno de José María Aznar indultaría a los penados.
En su entorno lo califican de persona «muy jovial y alegre» y también ensalzan que es una persona «transparente», del que siempre se sabe si algo le ha gustado o no, porque lo expresa, no lo esconde, y porque siempre «sabemos lo que va a decir».
También recuerdan que formó parte del grupo de magistrados que «dieron un paso adelante por la democracia». Así, formó parte de Justicia Democrática, una asociación de jueces y fiscales que operó de manera clandestina durante la dictadura cuyo objetivo era impulsar la democratización de España. Y, a continuación, fue uno de los fundadores de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, en la que fue su primer portavoz entre 1984 y 1986 y también entre 1992 y 1994.
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En el año 2004 fue designado Fiscal General del Estado en sustitución de Jesús Cardenal. Ello, apenas día después de que miembros del sector progresista del CGPJ le negaran su voto y apoyaran a Pascual Sala como nuevo magistrado del TC. En el año 2008 tomó posesión de su segundo mandato en la Fiscalía General del Estado, que terminó en el año 2011. Ha sido, por tanto, la persona que más años ha desempeñado ese cargo en la historia de la democracia. Pero también fue el primero nombrado de acuerdo con el nuevo sistema establecido por la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal efectuada en el año 2007 que él mismo promovió y que implica una mayor autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno. Ello implica, por ejemplo, mayores limitaciones al Ejecutivo si quiere cesar al Fiscal General.
Tras su paso por la Fiscalía General del Estado, volvió a la Sala Penal del Supremo. Y en el año 2017 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado. En el desempeño de esta función, hubo dos acontecimientos principales: por un lado, la tramitación de los recursos contra la causa judicial por el 'procés', de la que fue apartado por las recusaciones presentadas por los independentistas, si bien previamente ya había avalado las condenas emitidas por el Supremo por sedición y malversación; y, por otro lado, el recurso presentado contra la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno para hacer frente a la pandemia: Conde-Pumpido votó en contra de la sentencia mayoritaria emitida por sus compañeros de la corte de garantías que establecía que el Ejecutivo debería haber declarado el estado de excepción.
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Durante prácticamente toda su carrera profesional, Conde-Pumpido ha compatibilizado la jurisprudencia con la enseñanza universitaria. Así, ha sido profesor en las Universidades del País Vasco, San Sebastián, la Complutense y en el Colegio Universitario de Segovia.
Su entorno valora su trayectoria como la de «un gran jurista de prestigio» y destacan su «imparcialidad».
La amplia mayoría progresista dentro del recién renovado Tribunal Constitucional situar también en la vicepresidencia a uno de sus miembros. Se trata de Inmaculada Montalbán. Nacida en la localidad granadina de Iznalloz y de 62 años, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2013 a propuesta del PSOE, que volvió a designarla para un puesto en el Tribunal Constitucional en 2021 en el cupo de designaciones del Congreso.
Pertenece a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género —dependiente del CGPJ— entre 2008 y 2013 . Posteriormente se reincorporó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como presidenta de la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso administrativo.
Experta en violencia machista, fue pionera en el estudio de la perspectiva de género a la hora de impartir justicia. En una de sus sentencias condenó a un ayuntamiento por discriminar a unas trabajadoras como «falsas autónomas», al haberse guiado «por estereotipos de género que llevaban a mantenerlas en una situación de desventaja». En otra de sus resoluciones denegó la prórroga de la residencia de larga duración a un ciudadano extranjero condenado por violencia de género. Su argumento fue que la violencia de género «es una cuestión de orden público a proteger por el Estado».
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