La Audiencia Nacional archiva la causa sobre la supuesta 'caja B' del PP

En esencia, Pedraz concluye que no ha quedado acreditado que la formación política que entonces dirigía José María Aznar recibiera donaciones de empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública civil por parte de las administraciones que en esa época estaban en manos del Partido Popular.

El fiscal del caso, Antonio Romeral, presentó el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la calle Génova la propuesta de archivo de la línea de investigación sobre presunto cohecho. Romeral tomó la decisión de pedir el carpetazo de este sumario que tanto preocupaba al PP después de recibir el informe de la IGAE, en el que los técnicos, en contra de la investigación de la Policía, descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha.

En ese informe, fechado el 4 de noviembre y que al final ha resultado decisivo para el cierre de esta investigación, la IGAE especificaba que «no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable» y que no se puede «establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados».

Recuerda el juez que esta parte de la pieza separada conocida como 'papeles de Bárcenas' se reabrió el 28 de febrero de 2017 con motivo de las declaraciones efectuadas por el empresario Alfonso García Pozuelo y por el líder de la trama Gürtel Francisco Correa en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel. Un juicio, cuya sentencia en mayo de 2018 que declaraba la responsabilidad civil subsidiaria del PP por las irregularidades de Correa y los suyos, desencadenó la moción de censura que en junio de 2018 de ese año con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Fue a raíz de los testimonios en aquel juicio que se solicitó la práctica de diligencias para «comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' o contabilidad 'B' del PP constituían «el soporte documental contable, por rudimentario que fuera, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones.»

Pero al final no ha habido nada de eso. Es más, el instructor, además, recuerda que ha quedado probado que las respectivas Mesas de Contratación en todos y cada uno de los contratos estaban formada por funcionarios públicos y que la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica en cada contrato era distinta al resto de contratos.

Ante estas evidencias, Pedraz retrotrae las actuaciones a «lo acordado en el auto de fecha 23 de marzo de 2015» cuando se decidió por primera vez el sobreseimiento provisional de las actuaciones , al no resultar posible, tampoco entonces, «establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigadas y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes».

En el mismo sentido, subraya que pese a la intensa investigación -iniciada en 2013, archivada en 2015 y reabierta en 2017- que hizo que se examinasen los expedientes de contratación de todas las empresas, «no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos». Y añade: «No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical… que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, o de los interventores de la Fiscalía e IGAE».

En esta pieza separada del 'caso Gürtel' llegó a haber como imputados una veintena de grandes empresarios del país, particularmente de la construcción, mucho de cuyos nombres aparecían como donantes en las anotaciones de Bárcenas.