No dieron el paso de volver a recurrir el archivo de la 'operación Kitchen' para María Dolores de Cospedal, pero la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han apoyado ahora en sendos escritos la petición de Podemos, acusación popular en el procedimiento, de reabrir ... la investigación contra la ex secretaria general del Partido Popular. El motivo de fondo es la difusión de los últimos audios grabados en 2013 por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que demostrarían que Cospedal conoció en tiempo y forma el plan del Ministerio Interior para recuperar información sensible de la 'caja B' del PP en poder del extesorero Luis Bárcenas.
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De esta forma, tanto Anticorrupción como la Abogacía tratan de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque la decisión del juez instructor Manuel García Castellón, que en un auto de 13 de septiembre pasado rechazó la reapertura de las pesquisas tras publicarse en el periódico digital Fuentes Informadas diferentes grabaciones de conversaciones entre la exministra de Defensa y Villarejo.
En estas cintas podía escucharse como la exdirigente del PP pedía a Villarejo «parar» el asunto de «la libretita» de Bárcenas, en alusión a la contabilidad b de la formación conservadora.
Examinar la trascendencia penal de estos audios permitiría además a la Fiscalía abrir la puerta al análisis de otras supuestas obstrucciones que sufrió la investigación del 'caso Gürtel', tales como los chivatazos que el comisario jubilado habría dado al empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, y al exregidor de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, conocido como 'el Albondiguilla'.
La postura ahora de los fiscales Ignacio Serrano y César de Rivas contrasta con su posición del pasado mes de septiembre, cuando rechazaron recurrir en apelación la decisión del juez de exonerar a Cospedal y a su marido. Ahora, los miembros de Anticorrupción se limitan a apuntar que interesa la revocación del auto en los términos ya expuestos anteriormente, mientras que desde los Servicios Jurídicos del Estado se justifica «en virtud de la aparición de nuevos indicios, desconocidos en el momento de acordarse el sobreseimiento provisional, que referidos a los mismos hechos pudieran aportar luz sobre la participación o conocimiento de los mismos por quienes fueron sobreseídos».
A juicio de la Abogacía, representada por Rosa Seoane, el juez instructor debería confirmar, mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación, si los audios dados a conocer por los medios de comunicación son «auténticos» y, en tal caso, «si esa nueva información sobre los mismos hechos, constituye indicios concretos y plausibles a los efectos de realizar un juicio de inferencia razonable respecto de la participación de quienes fueron sobreseídos», entre quienes se encuentra la que fuera secretaria general del PP.
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Desde esta perspectiva, la abogada del Estado (personada por el uso de fondos reservados de forma ilegal) no se opone a la petición de Podemos, que se circunscribe a «agotar las vías de investigación propias de la instrucción respecto de indicios» que eran desconocidos cuando el juez dio carpetazo a la implicación de Cospedal. Hacer lo contrario, apunta, «supone una suerte de suplantación por el órgano instructor de las funciones de juzgar y resolver sobre la tipicidad de los hechos indiciariamente acreditados y la participación de quienes en ellos han intervenido o los han conocido».
Por su parte, la defensa de Cospedal y su marido se opone a la revocación del auto de García Castellón alegando que los argumentos de Podemos hacen referencia a unos audios que no existen en las actuaciones, de «dudosa autenticidad» y que sólo se conocen por la prensa.
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