El Tribunal de Cuentas celebra el juicio por los gastos del 'procés' a la espera de la amnistía

La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha llegado a esta conclusión tras haber escuchado al resto de defensas y a las acusaciones, ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC). Ha avanzado, sin embargo, que en su momento se pronunciará por escrito si finalmente se aprueba la norma en las Cortes.

Como era de esperar, el registro de la ley de amnistía que perdonará la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los actos cometidos para ayudar a la independencia de Cataluña desde 2013 hasta al pasado 13 de noviembre ha sobrevolado este viernes en el Tribunal de Cuentas. Y es que los cargos de ERC encausados aludieron que celebrar el juicio podría generar «cargas procesales innecesarias», pero la consejera Hernáez ha inadmitido su reclamación y ha dado comienzo a la vista.

El primero paso ha sido la presentación de la prueba documental por parte de las defensas. A continuación se procedió a escuchar a los dos testigos admitidos, uno de ellos la interventora general del Estado cuando se produjo el 'procés': María Luisa Lamela.

La testigo aseguró este viernes que "nunca llegó a controlar" los gastos porque no era su competencia. "Lo que interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Cataluña", apuntó. La declaración de la interventora ha tenido lugar después de que finalmente Puigdemont no declarara al no habérsele permitido hacerlo por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha argumentado que planteó su petición a última hora porque no sabía si el expresidente podía venir con la ley de amnistía.

La mayor parte del interrogatorio de Lamela ha estado a cargo de la defensa de Puigdemont, quien preguntó por las facturas de Unipost (operador postal privado) y por las decisiones del Consejo de Ministros de "cortar" la financiación del 'procés'. Asimismo, el letrado ha incidido en el hecho de que la testigo es hermana de la primera juez instructora del 'procés', Carmen Lamela, hoy en el Tribunal Supremo. A lo que ésta ha contestado que ella y su hermana no hablan de temas profesionales.

A diferencia de en un proceso penal, en la jurisdicción contable la Fiscalía y la acusación no tienen por qué elevar sus conclusiones verbalmente al final de la vista. La consejera Hernáez dará este viernes, tras realizar todas las pruebas, un plazo para que las dos acusaciones presenten por escrito sus conclusiones y, cuando las conozcan, presentarán las suyas las defensas. Hasta ahora Sociedad Civil Catalana calculaba el desfalco hecho a la Generalitat en más de 5 millones, mientras que el Ministerio Público lo estimaba en 3,1.

Presentadas las conclusiones por las partes, la consejera dispone de 20 días para dictar sentencia, que en caso de condena supondrá la restitución a la Generalitat del dinero público distraído del fin que le correspondía, aunque el Govern siempre ha defendido que no hubo ninguno, lo que motivó en su día que la Abogacía del Estado abandonara el procedimiento. La cantidad solicitada por las acusaciones fue afianzada en su día con avales del Instituto Catalán de Finanzas.

La sentencia que dicte Hernáez puede ser recurrida ante los otros tres consejeros que componen la sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas: Rosario García, Diego Íñiguez y su presidenta, Rebeca Laliga. La resolución que dicten puede ser aún recurrida ante el Tribunal Supremo. De ahí que sea muy complicado que haya una resolución firme sobre la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern antes de la promulgación de la amnistía, lo que significará que los condenados, si los hubiera, acabarán siendo perdonados amnistiados y la cantidad impuesta en ese caso no será cobrada.