Lesmes no ve «ninguna esperanza» de renovar el Poder Judicial por el bloqueo de PSOE y PP

Lesmes ha dicho que no alberga «ninguna esperanza» de que se llegue a un acuerdo para la renovación del CGPJ, que está causando una situación «desoladora» para la imagen de la Justicia. «Dentro de poco habrá salas del Supremo que no se podrán componer y en unos meses el Tribunal Militar Central no se podrá reunir», ha ejemplificado. El responsable del órgano de gobierno de los jueces ha señalado a los autores del bloqueo político: Congreso, Senado y los partidos. Además, se ha descartado como candidato para el Tribunal Constitucional «en las actuales circunstancias».

En una poco habitual rueda de prensa, Lesmes ha negado que él se esté postulando para lograr un puesto en la corte de garantías, pendiente de renovación también y cuyo plazo legal máximo es el próximo 12 de septiembre, ni que haya presionado a magistrados del Supremo para que acepten ir al alto tribunal.

«Sería indecente que yo me prevaliera del cargo para obtener un cargo en el Constitucional, y quien diga otra cosa miente interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al Constitucional en las actuales circunstancias; dentro de tres, cinco años, no sé», ha dicho, mostrando malestar, respecto a la información publicada por un medio de comunicación.

El máximo dirigente del Poder Judicial ha denunciado maniobras para hacerle «tambalear» en su exigencia de que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponden en la renovación de ese tribunal. También ha asegurado que no ha tenido contacto ninguno «con nadie ni del Gobierno ni del Congreso ni del Senado». «Lo saben todos mis interlocutores, y quien diga otra cosa está mintiendo interesadamente», ha reiterado.

El magistrado ha insistido, además, en que no ve cercana ni fácil la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que camina hacia los cuatro años de interinidad. «A día de hoy no albergo ninguna esperanza, y me parece lamentable», ha subrayado, antes de adelantar que este asunto centrará su discurso de apertura del año judicial, que se celebra este miércoles en el Tribunal Supremo, presidido por el rey Felipe VI.

«La situación de la justicia es desoladora», ha dicho antes de responder a una pregunta sobre quiénes cree que son los responsables de que no se aborde el cambio institucional pendiente en el Poder Judicial: «¿Los responsables? El Congreso, el Senado y los partidos que tienen capacidad para hacerlo». Lesmes se ha quejado de las consecuencias de la ley para impedir que se hagan nombramientos mientras el consejo se encuentra en funciones.

Lesmes ha explicado que el Pleno del Consejo fue convocado para este jueves «para que estuviera dentro del plazo legal marcado por la ley que devuelve al CGPJ las competencias para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional». «El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos», ha añadido, aunque ha reconocido que «cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona». El presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, o los magistrados Antonio del Moral o Pablo Llarena han rechazado estar en la lista de candidatos, por ejemplo.

De forma previa, Álvaro García Ortiz ha tomado posesión como nuevo fiscal general. Un acto que ha durado apenas cinco minutos y en el que ha estado amadrinado por la propia Dolores Delgado y por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. En representación del Gobierno ha estado la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Álvaro García estrena el cargo entre críticas políticas y una fuerte contestación interna en el Consejo Fiscal. En el Congreso, cuando defendió su posicionamiento para el cargo, reivindicó su valía para ocupar el puesto frente a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que le acusaron de ser «un clon» de Delgado, le recriminaron su «afinidad» al PSOE por acudir a un acto con socialistas gallegos y le afearon la postura de la Fiscalía en los casos 'Miguel Ángel Blanco' y 'Stampa'. De forma previa, el voto particular de siete vocales conservadores del CGPJ puso en duda su imparcialidad y consideró su falta de idoneidad para el cargo.