Un tribunal ve «temeridad y mala fe» en una querella de Almeida a concejales rivales

En una sentencia de 111 páginas, el tribunal de la Sección Séptima impone las costas del juicio, ocasionadas a las defensas de las tres personas procesadas, a la acusación ejercitada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid. Los magistrados consideran acreditado que el PP «sin ninguna duda actuó con temeridad y mala fe» manteniendo, por ejemplo, «la acusación contra Celia Mayer sin ninguna concreción acusatoria» y con el conocimiento de que «durante el tiempo en que se produjeron los hechos objeto de acusación ésta se encontraba en situación de baja entre octubre de 2016 y febrero de 2017».

El responsable de firmar y registrar la querella en la primavera de 2017 fue el entonces portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, hoy alcalde, al que el tribunal cita expresamente en su resolución.

Como se recordará, y así figura en el epígrafe de hechos probados de la sentencia, Ana Varela, Coordinadora General de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento y más tarde Consejera Delegada de la sociedad Madrid Destino, «en el ejercicio de sus funciones le surgieron fundadas y razonables dudas sobre la regularidad y legalidad de los compromisos y obligaciones asumidas por dicha sociedad municipal derivadas de previos convenios y acuerdos suscritos en orden a la organización y celebración del torneo de tenis 'Mutua Madrid Open'».

Como quiera que el consistorio debía afrontar importantes desembolsos económicos derivados de los citados acuerdos y, tras consultar al personal experto del ayuntamiento y a la propia Asesoría Jurídica del Consistorio, ésta decidió solicitar diversos informes jurídicos externos. Por su parte, Carlos Sánchez Mato, como Presidente en funciones de Madrid Destino y luego como Delegado de Economía y Hacienda, también interesó informes sobre algunos de los convenios suscritos por la anterior corporación municipal en el marco del Open de Tenis.

El pago con dinero municipal de esos informes fue objeto de la denuncia del Grupo Municipal Popular contra los tres responsables del ayuntamiento, dirigido en ese momento por Manuela Carmena. No obstante, de la acción penal de la oposición, la Sala precisa que «queda objetivado que la acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora, y ello tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, que sin duda fueron conocidos por la parte acusadora, que son bien elocuentes de las, cuando menos, discrepancias jurídicas y económicas llamativas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores».

Tras valorar el contenido de los informes jurídicos cuestionados, los tres acusados (Celia Mayer ya se había reincorporado a su actividad) decidieron finalmente interponer el 23 de marzo de 2017 una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, una denuncia que, en cualquier caso, fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

De forma paralela, el PP y la asociación Transparencia y Justicia, dirigida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se personaron como acusaciones populares en el procedimiento abierto en otro juzgado de instrucción, el número 21, cuya titular es Concepción Jerez, que pese al criterio en contra de la Fiscalía de Madrid decidió abrir juicio oral en julio de 2020. Las acusaciones populares pedían cinco años de prisión y 24 años de inhabilitación para los querellados. Tanto Sánchez Mato como Celia Mayer hoy trabajan como asesores del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero.

El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, presidida por Ángela Acevedo, concluye ahora de manera categórica y de forma explícita que «no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales». Esta resolución aún no es firme y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).