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Juan Roig Valor
Jueves, 26 de enero 2023, 03:39
«Necesitamos un Gobierno del color político que sea, que se pregunte sin complejos qué tiene que hacer para rejuvenecer el parque móvil, el verdadero contaminante de nuestras ciudades». Así de tajante se mostró el presidente de la federación de concesionarios oficiales (Faconauto), Gerardo Pérez ... , al comienzo de un ejercicio que amenaza con convertirse en perdido, al ser cita electoral.
La realidad es que España está lejos de las ventas de electrificación que necesita tener para cumplir con las metas que se ha marcado el Gobierno de Sánchez de cara a 2025. Según las previsiones de la asociación nacional de fabricantes, Anfac, en los próximos tres ejercicios se venderán 99.139, 124.791 y 154.932 vehículos con etiqueta Cero —eléctricos e híbridos enchufables—, cuando estas cifras deberían ser, respectivamente, de 190.000, 280.000 y 372.000.
En infraestructura de recarga, los deberes también están sin hacer. Según el presidente de Anfac, Wayne Griffiths, «España debería tener 45.000 cargadores públicos y solo cuenta con 16.500. Además, un 80% de estos no son de carga rápida«. De cara a 2025, esta cifra debería ser de 91.000 para cumplir con los objetivos expuestos en el programa 'Fit for 55' de la Comisión Europea.
«Es triste dar por perdido el año en enero», afirman desde Ganvam, «pero la capacidad de maniobra en los años electorales es muy reducida». Desde las otras patronales del sector hacen eco de este sentimiento, especialmente teniendo en cuenta que una de las figuras que más ha hecho por la automoción, la ministra de Industria, Reyes Maroto, dejará su cartera en abril para presentarse a la Alcaldía de Madrid.
Para Anfac, «2023 es un año esencial para consolidar las ventas y recuperar las cifras de 1,2 millones de matriculaciones», algo que las tres organizaciones concuerdan como el número adecuado para España.
El principal instrumento de incentivo a la demanda del coche eléctrico, el Plan Moves, permanecerá activo durante 2023, pero sus carencias han sido señaladas por parte de las asociaciones sectoriales.
Por un lado, su lentitud. Las subvenciones han tardado hasta un año en llegar a los compradores, y, una vez recibidas, estas computaban como ingresos adicionales a la renta, por lo que los tramos impositivos subían en la declaración del IRPF. Modificar esto, para Anfac, sería una solución sencilla que aumentaría el atractivo de las ayudas.
«Si se afinara el Moves», afirma Gerardo Pérez, «calculamos que se pasaría de un 4% de cuota a un 8%, pero no conseguiremos nada hasta que no empecemos a vender coches modernos de combustión, que pueden seguir circulando hasta 2050«. Subvencionar la venta de motores térmicos es algo a lo que los aspirantes al Gobierno de PP y Vox se han mostrado abiertamente a favor.
El Moves incentiva la venta de modelos «que un 80% de los compradores no se puede ni plantear», según Pérez, algo de lo que hace eco Raúl Palacios, presidente de Ganvam. Para su asociación, «una política de descarbonización eficaz pasa por garantizar el acceso de todas las rentas a soluciones de movilidad eficientes, con planes que incluyan al usado joven». De motores de combustión, nuevos o usados, Anfac ha estado muda. Para los consructores, la prioridad es aumentar la cuota del eléctrico, y presentaron una hoja de ruta para los próximos tres años que exige objetivos vinculantes de puntos de recarga.
Para el próximo Gobierno, piden que tome ejemplo del ejecutivo alemán de Olaf Scholz, que convocó a la industria automotriz alemana menos de un mes después de ser elegido. En España, existe un mecanismo de interlocución entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos del sector, la Mesa de Automoción, que solo tuvo una reunión, en 2021, desde su constitución un año antes.
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