El FBI registra la mansión de Trump

Trump tenía razón. «Nada como esto le había pasado nunca a un presidente de EEUU». Pero no ha sido «la izquierda radical», sino un juez federal del sur de Florida el que, después de estudiar cuidadosamente las pruebas presentadas, ha considerado que el Departamento de Justicia tiene causa probable para ejecutar el registro.

Las audiencias del 6 de enero han demostrado que el presidente intentó manipular el sistema electoral para burlar los resultados de las elecciones y perpetuarse en el poder, en contra de la voluntad popular. Por ahora no hay cargos contra él, pero por las declaraciones de los testigos de su propio Gobierno podría enfrentarse fácilmente a acusaciones que oscilan desde la conspiración para cometer fraude electoral a la sedición. En febrero pasado los Archivos Nacionales ya tuvieron que recuperar de su residencia 15 cajas de documentos clasificados que, según la oficina del ex presidente, llegaron hasta allí mezcladas con sus objetos personales durante la mudanza.

En su lugar, cualquier abogado le recomendaría guardar silencio, pero a falta de Twitter, donde sigue vetado por difundir noticias falsas, Trump ha enviado un largo comunicado a todos los medios en tiempo real. Los escribía o dictaba «mientras mi hermoso hogar de Mar-a-Lago, en Palm Beach, está actualmente siendo atacado, asaltado y ocupado por un amplio grupo de agentes del FBI».

Se quejaba de que la Policía había hecho la redada «sin anunciarla», como es habitual entre las fuerzas del orden. «¿Cuál es la diferencia entre esto y el 'Watergate', en el que los operativos irrumpieron en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata?», bramaba el exmandatario. La principal diferencia es que se trata de una investigación policial, autorizada por un juez y ordenada por el Departamento de Justicia para investigar un delito, no de cinco ladrones disfrazados de electricistas que rompieron las cerraduras de las oficinas del Partido Demócrata para instalar micrófono con los que espiar a la oposición en busca de información que usar contra ella. El 'Watergate' costó la presidencia a Nixon, que según las declaraciones de los testigos en las audiencias públicas, en las que se ha inspirado el comité del 6 de enero, aprobó la operación para encubrirlo. Nixon fue enjuiciado políticamente mediante un proceso de 'impeachment', donde fue acusado de obstrucción a la Justicia, abuso de poder y desacato al Congreso.

Trump sobrevivió a su segundo 'impeachment' tras el asalto al Capitolio del 6 de enero porque su partido decidió que no valía la pena forzar su dimisión a una semana de que abandonara el poder. Sin embargo, el fiscal general Merrick Garland ha prometido llegar hasta donde sea necesario para depurar responsabilidades. Nunca en la historia del país se ha enjuiciado a un expresidente. Se sabe que el Departamento de Justicia ha citado a altos cargos del Gobierno de Trump a declarar ante un gran jurado de Washington DC que decidirá sobre la pertinencia de los cargos.

De ser condenado, Trump quedaría inhabilitado para volver a presentarse a un puesto público. De ahí que acuse «a los demócratas radicales de izquierda» de utilizar el sistema judicial como arma. «Están desesperados por impedir que me presente a las elecciones de 2024», les acusó. «El 'establishment' me odia porque he puesto freno a su corrupción», argumenta.

Si el registro de la mansión de Mar-a-Lago tiene el triste aliciente de tratarse de la primera vez que un presidente de Estados Unidos pasa por un proceso que le acerca a la imagen de un presunto delincuente, no resulta menos inaudito el hecho de que la inspección del FBI pueda deberse hasta a cuatro investigaciones diferentes, aunque destaca una de ellas: el supuesto manejo ilícito de documentos clasificados, asentado sobre el precedente de las quince cajas de informes que se llevó a su residencia tras abandonar el cargo.

Trump atraviesa ahora por un momento extremadament complicado desde el punto de vista judicial. El Departamento de Justicia le investiga por su posible implicación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en base a los indicios reunidos por la comisión del Congreso encargada de estudiar la insurrección. Pero además el líder republicano tiene dos causas más en Nueva York por mala conducta financiera debido a las presuntas irregularidades en los negocios de su empresa, la Organización Trump. Entre los delitos que se le atribuirían figuran el de alteración de precios o supuestos fraudes con los seguros. El magnate se asoma aquí a uno de los casos que, de prosperar, pueden causar mayor perjuicio penal a su emporio y quizás a él mismo.

El pasado 20 de abril su hijo mayor ya fue citado para responder por la denuncia de varios particulares que acusan al conglomerado empresarial de haber promoviddo un esquema piramidal. Y en septiembre, la Organización Trump y el denominado comité inaugural (responsable de recaudar más de 100 millones de dólares en 2017 para la toma de posesión del entonces recién nombrado presidente republicano) deberán responder también ante el fiscal por un posible delito de malversación de fondos.

A ello se agrega una investigación de la Fiscalía de Fulton por sus intentos de manipular los resultados electorales de 2020 en Georgia, claves en la victoria del demócrata Joe Biden y comienzo del desmoronamiento político y ético del mandatario republicano.

El registro de su mansión de Mar-a-Lago estaría vinculado, sin embargo, a una ardua investigación sobre los documentos que Trump se llevó tras su deshonrosa salida de la Casa Blanca. En el momento de la llegada de los investigadores, el exmandatario no se encontraba en la residencia. Tan solo se hallaban dentro algunos de sus empleados. Según el 'Washington Post', miembros del Servicio Secreto estuvieron presentes durante el registro.

La Fiscalía de Washington sospecha que, en vez de ser trasladados a los Archivos Nacionales, como es la norma cuando acaba un mandato presidencial, el magnate pudo llevarse un número indeterminado de documentos secretos a la casa de Florida y su club de golf, lo que supondría una clara infracción de la Ley de Registros Presidenciales. De ahí el interés de los agentes por revisar el contenido de su caja fuerte en busca de dosieres, mandatos internos o incluso correos electrónicos que la Justicia pudiera considerar como material reservado de la Casa Blanca.

A la indignación manifestada por el propio Trump ante el registro de su mansión se ha unido esta madrugada la de decenas de políticos conservadores, que consideran la intervención como un ataque político a su antiguo líder. El ala más reaccionaria del partido ha resaltado que coincide con la intensificación de los actos públicos del magnate en una hipotética vuelta a la primera línea y su postulación como candidato presidencial para los próximos comicios. El legislador que ha llegado más lejos en sus críticas es el jefe de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy , que ha pedido investigar al propio Departamento de Justicia por lo que denomina «un estado intolerable de politización armada». Una patrulla policial pemanece aparcada frente a la mansión de Trump.