El Supremo dicta el miércoles si Escocia puede convocar un segundo referéndum

Anthony Sheldon, autor de libros sobre sucesivos primeros ministros, cuenta en 'Cameron en el Número 10' que el jefe de Gobierno «quería hacer lo correcto para la democracia», aunque el objetivo principal en 2011 era 'político': «acabar con la campaña por la independencia ganando una consulta». En mayo de aquel año el Partido Nacional Escocés había obtenido una mayoría en Edimburgo.

Liderado por Salmond, el SNP había prometido en su programa la convocatoria de un referéndum. El jefe del Gobierno escocés quería incluir la «máxima autonomía» como una de las tres opciones posibles, pero su interlocutor en Londres planeaba la victoria con una consulta rápida y una pregunta de 'sí o no' a la independencia. Pero en octubre de 2012 pactó con Salmond que la votación sería en el otoño de 2014. A Osborne y a otros conservadores no les gustó aquella cesión y Cameron sintió un gran alivio con una victoria más apretada que lo previsto, 55% contra 45%. No había cerrado la cuestión escocesa. Desde entonces, el SNP, liderado por Nicola Sturgeon, ha obtenido mayorías en favor de la independencia, a veces aliado con los verdes, en las tres elecciones al Parlamento autonómico.

Con Escocia empujada fuera de la Unión Europea por los 'brexiters', Sturgeon ha elaborado un proyecto de ley para convocar en 2023 una nueva consulta. Y la Lord Abogado de su Gobierno, Dorothy Bain, ha pedido al Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del Reino Unido, que aclare si el Parlamento de Edimburgo tiene poder para convocarla. La corte suprema anunciará su veredicto este miércoles.

La ley de autonomía lista los poderes cedidos a Edimburgo y los reservados al Parlamento de Westminster. El anexo 5.1.b dice que «están reservados los asuntos de la Unión de los reinos de Escocia e Inglaterra». Bain argumenta que la convocatoria de un referéndum consultivo cuyo resultado no es mecánicamente ejecutable no altera la competencia legal y ejecutiva de Westminster sobre la Unión. Bain está proponiendo que el tribunal resuelva el «enconado» asunto sobre la competencia, permitiendo el referéndum consultivo, y que el Parlamento de Londres decida después qué hacer. Todos los primeros ministros desde 2014, con la excepción del actual, Rishi Sunak, con menos de un mes en ejercicio, han rechazado las peticiones de Sturgeon para acordar una consulta legal.

Los jueces del Supremo, presididos por el escocés John Reed, dieron permiso al SNP para que se personase en el juicio como tercera parte afectada. Y sus argumentos, articulados por la abogada Claire Mitchell, «ponen el foco en el requisito de interpretar la ley de Escocia de 1998 (que fundó la autonomía) de acuerdo -y no en contra- del derecho de todos los pueblos a la autodeterminación». Mitchell cita al representante del Reino Unido ante la Corte Internacional de Justicia durante las deliberaciones sobre la declaración unilateral por Kosovo de su independencia de Serbia. También al representante en la ONU defendiendo en 1983 el «inalienable derecho a la autodeterminación» de los habitantes de las islas Falklands. Podrían citarse cientos de expresiones oficiales idénticas sobre Gibraltar.

La introducción del informe de la Comisión Smith, que elaboró un plan de más transferencias tras el referéndum de 2014, afirmaba «el derecho soberano del pueblo de Escocia para determinar la forma de Gobierno ajustada a sus necesidades». El ministro laborista, Donald Deware, confirmó a Salmond en el Parlamento, en 1998, que su Libro Blanco para la autonomía no interfería «de ninguna manera en el derecho soberano del pueblo de Escocia para determinar su futuro constitucional».

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda se estableció en 1800 y duró hasta 1922, cuando se dividió la isla. En 1973, Londres convocó un referéndum en la Irlanda del Norte británica para confirmar que la población aceptaba la frontera. El Acuerdo de Belfast, de 1998, da a Londres el poder de convocar un referéndum si cree que la mayoría de la población quiere unirse a la república de Irlanda. Y de convocarlo cada siete años.

Si los kosovares y los británicos de las Malvinas o Irlanda del Norte tienen derecho a mantenerse unidos o separarse, ¿por qué lo ha perdido Escocia? El caso judicial ha llegado cuando la mayoría en favor de convocar un referéndum es exigua y el deseo de independencia empata en las encuestas con el voto por la permanencia.