La oleada de huelgas amenaza al nuevo Gobierno británico antes de su formación

Salvo un vuelco inesperado, la ministra de Exteriores vencerá ese día a su contrincante, Rishi Rusnak, y se hará con las riendas de un país sumido en disputas laborales y con un ambiente social y mediático de inquietud ante la creciente carestía de la vida. Empleados de los ferrocarriles y del metro de Londres, estibadores del más importante puerto de descarga de contenedores, trabajadores postales y de recogida de basuras forman líneas de piquetes en la entrada de sus puestos de trabajo en un intenso calendario de acción que el resto de la población sortea sin graves trastornos por ahora. Otros colectivos esenciales, desde enfermeros a profesores, ultiman sus programas de acción sindical en este otoño de descontentos.

Truss tuiteó días atrás que no permitirá que los «unionistas militantes tomen al país de rehén». Y, ante el enésimo bloqueo del transporte por tren en la ola de huelgas en protección de las pensiones, puestos de trabajo y medidas de seguridad, la candidata favorita amenazó con tramitar restricciones sindicales legislativas en cuanto se confirme su victoria en las primarias conservadoras.

Los colegiados criminalistas decidieron «escalar la acción» de protesta por una mayoría de 79,54% de votos. De las dos opciones restantes, el 9,11% prefirió cesar la protesta y el 11,35% respaldó continuar con la serie actual de paros intermitentes, en semanas alternativas, que iniciaron en junio. Era la primera vez que los letrados de vistosos tocados salían a la calle desde 2014. Ese año, los llamados 'barristers' (defienden a imputados en los juicios) protagonizaron su primera huelga en protesta por el pobre nivel de las tarifas legales estatales.

El ministro de Justicia, Dominic Raab, se niega a reunirse con el colegio de abogados. La negociación se cortó semanas atrás ante el rechazo de un incremento de las tarifas del 15% ofrecido por el Gobierno saliente. Los letrados piden un mínimo del 25% para así, según sostiene, poder compensar décadas de desinversión en el sistema judicial público. Un abogado penal de oficio ingresa un promedio anual neto de 14.000 euros en los tres primeros años desde su graduación, con una paga por hora por debajo de la básico de 11 euros.

El colegio reprocha que la suspensión de los juicios a causa del paro está costando más dinero al contribuyente que el aumento de tasas que pide para sus afiliados. En los 19 días de revuelta hasta el pasado día 5, se interrumpieron 6.235 procedimientos judiciales, incluidos 1.415 juicios, en Inglaterra y Gales. En algunos casos, los miembros del jurado popular fueron despedidos al segundo día de audiencias, otros juicios ni arrancaron por falta de un representante legal de la defensa. «Es una decisión irresponsable que solo conseguirá que más víctimas afronten retrasos y angustia», denunció la secretaria de Estado, Sarah Dines, en respuesta al endurecimiento de la posición de los abogados.

Mientras, el sector comercial lidiaba con la acción sindical en el puerto de Felixstowe, que mueve unos cuatro millones de contenedores al año. Esta instalación del sureste de Inglaterra, con fondeo para los mayores navíos de carga, controla el 40% del comercio británico transportado por mar en contenedores sin conductor. La plantilla sindicada de casi 2.000 empleados inició el domingo una huelga hasta el día 29 que pone en riesgo la cadena de distribución comercial del Reino Unido.

El grupo de asesoría Russell estima en más de 800 millones de euros el volumen de comercio que se verá afectado por la acción sindical en Felixstowe, con ropa y componentes electrónicos entre los sectores más perjudicados.