La justicia europea tumba las extradiciones a China

Consciente de que podría acabar como los 219 compatriotas que en 2019 España extraditó a China a pesar de la polémica que provocó el caso, Liu inició una odisea judicial para evitar enfrentarse a un sistema de justicia sin garantías y controlado por el Gobierno. Desde el centro de detención Biaolęka de Varsovia, donde este hombre nacido en 1980 aún se encuentra encerrado, argumentó ante diferentes tribunales que la extradición le expondría al peligro de sufrir torturas y que difícilmente recibiría un juicio justo.

A pesar de que los jueces polacos reconocieron que Liu podría ser condenado en China a cadena perpetua por el fraude telefónico, incluso el Tribunal Supremo de Polonia aprobó su traslado al país comunista. Así que Liu disparó su último cartucho y apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ahora, la institución de Estrasburgo le ha dado la razón en una sentencia que, salvo que sea apelada a la Gran Sala, se hará efectiva el 6 de enero y puede tener profundas implicaciones para las relaciones del continente con el gigante asiático. «La van a liar», avanza José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Según el dictamen unánime del tribunal, cuyas sentencias son vinculantes para los 46 países que lo reconocen, la extradición a China violaría los derechos humanos y es inadmisible. Concretamente, el TEDH considera que atenta contra el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, ya que le expondría al peligro de sufrir tortura durante su detención. Además, considera que los cinco años que Liu ha pasado encarcelado suponen una detención ilegal, por lo que le concede una indemnización de 6.000 euros. «Es la primera vez que el TEDH revisa las extradiciones a China y, teniendo en cuenta que Liu no pertenece a ninguna minoría étnica o religiosa, ni es un activista político, estimamos que su caso propiciará que todas las peticiones de extradición sean denegadas y que incluso se bloquee el proceso de nuevas peticiones», analiza la ONG pro derechos humanos Safeguard Defenders.

Otras fuentes judiciales consideran probable que la sentencia convierta los actuales tratados de extradición con China en papel mojado y señalan que deja en mal lugar a la justicia española, ya que se demuestra que violó los derechos humanos de los taiwaneses extraditados a la segunda potencia mundial. «Se ha perdido el contacto con algunos de ellos, ni siquiera sus abogados saben dónde están encerrados ni en qué condiciones», denuncia la ONG. «España es uno de los países que más extradita a China y uno de los pocos europeos en los que no tenemos constancia de que se haya rechazado alguna petición», recalca Safeguard Defenders.

Martín Pallín considera que España actuó correctamente en el caso de los taiwaneses, aunque podría haber invocado el principio de penas crueles por duración, «por la desproporción entre las que se imponen en España y China», para rechazar las extradiciones. En cualquier caso, considera que la decisión del TEDH «es muy arriesgada y poco acertada» y se muestra cauteloso sobre sus consecuencias. «Habrá que ver el alcance que tiene», apostilla.

«El caso de Liu contra Polonia deja en evidencia que las extradiciones a China se deben tramitar bajo la presunción de que los procesados serán maltratados, contraviniendo la prohibición de tortura y de un trato degradante. En principio, la extradición es inadmisible, tanto en el caso de disidentes como de quienes no están involucrados en actividades políticas», interpreta Marcin Gorski, abogado 'pro bono' de Liu, en una entrevista con EL CORREO.

El letrado no prevé que el Gobierno polaco apele la sentencia, «sobre todo porque se ha tomado de forma unánime y bien razonada». Sin embargo, anticipa que China se muestre disgustada, algo que Martín Pallín considera «más que justificado», y que presione a los dirigentes polacos para que lo hagan. «Es algo que no se puede descartar si la decisión se toma atendiendo no solo a razones jurídicas sino también a otras políticas», dispara Gorski.

Ante la pregunta de si esta sentencia supone una carta blanca para los delincuentes que atenten contra intereses o ciudadanos del gigante asiático, el abogado niega tajantemente: «No hay ningún impedimento para que sean investigados y procesados en Europa. China debería cooperar de forma sincera y efectiva con la comunidad internacional para elevar su nivel de protección de los derechos fundamentales, de forma que soporten el escrutinio internacional. Esto es responsabilidad del Gobierno chino. La pelota está en su tejado».

La sentencia llega en un momento de máxima tensión por la revelación de que China opera más de medio centenar de 'comisarías' clandestinas en diferentes partes del mundo -España, con nueve, es el país con mayor número- con el objetivo de amedrentar a supuestos delincuentes para que regresen a su país y se enfrenten allí a la justicia, un asunto revelado por Safeguard Defenders y confirmado por este periódico que está provocando una tormenta diplomática en diferentes países.