El Congreso pide investigar la falta de seguridad de los documentos de Trump

La publicación el viernes de la orden de registro y el inventario de lo que incautó el FBI en la mansión de Mar-a-Lago terminó a lo Trump. Una hora antes de que el juez federal de Florida levantase el secreto de sumario, a petición del Departamento de Justicia, diversos medios de comunicación recibieron las siete páginas de 'fuentes' sin identificar. El primero, 'The Wall Street Journal', propiedad del magnate Rupert Murdoch, cuyo apoyo a Trump a través de sus cabeceras ha sido crucial para su carrera política pero empieza a disminuir.

El caos se apoderó de las redacciones de los medios con las distintas versiones de lo que los abogados de Trump tenían desde el lunes. De hecho, la que firmó el recibo fue Christina Bob, que fuera jueza en el cuerpo de marines y presentadora de la cadena de ultraderecha One America News. Según el expresidente, le enseñaron la orden de registro «a tres metros de distancia». Ciertamente no se le permitió entrar mientras se llevaba a cabo la búsqueda y se apagaron las cámaras de seguridad de la mansión.

En total fueron 20 cajas, siete de las cuales contienen documentos con la clasificación secreta más alta del Gobierno de EE UU, 'Sensitive Compartmented Information' (SCI), que sólo pueden verse de forma parcial. En la Casa Blanca se guardan en una caja de seguridad y no se pueden sacar de la sala. «Las paredes están llenas de fotografías de espías convictos», contó a la cadena MSNBC Robbert Gibbs, que fuera portavoz de la Casa Blanca con Obama. Además, hay dos 'misceláneos' con documentos 'top secret', uno 'secreto', dos 'confidenciales' y otros 'etiquetados.

Los únicos que el FBI ha podido describir libremente son la 'Orden Ejecutiva para otorgar Clemencia a Roger Stone, Jr', amigo de Trump, y la 'Info referente al presidente de Francia'. ¿Para qué querría Trump quedarse con información sobre Emmanuel Macron? Su aparición al comienzo de la lista ha dejado perplejos a muchos.

La condición de expresidente no blinda a Trump de la acción judicial que pueda llevarse al amparo de la Ley de Espionaje, obstrucción a la Justicia y ocultamiento de pruebas, ya que su inmunidad sólo cubre las acciones que hayan ocurrido durante su mandato. Sumadas, las condenas podrían llegar a los 33 años de prisión, pero como mínimo le inhabilitarían para volver a ocupar un cargo público.

Tras publicarse el inventario, Trump acusó a Obama de haberse llevado también a su residencia de Chicago «33 millones de páginas de documentos, muchos de ellos clasificados». Algo que ha provocado un categórico desmentido de los Archivos Nacionales, que se precia de tenerlo todo bajo control sobre esa histórica presidencia.

Trump también alegó que «sólo tenían que pedirlos», pero para el Departamento de Justicia la operación fue el último recurso. Los Archivos Nacionales comenzaron a buscarlos poco después de que se marchara en helicóptero de la Casa Blanca, el 21 de enero del año pasado. El caso fue trasladado al FBI al saberse que entre los documentos se encontraban algunos comprometerían la seguridad nacional. En junio se le conminó a que los entregase mediante orden judicial, pero sus abogados insistieron en que no tenía nada más en su poder. Un informante de su entorno habría soplado finalmente el lugar en que se encontraban.