Biden, obligado a aplicar la ley que permite expulsiones inmediatas de migrantes

El viaje quedó truncado por la orden cautelar del juez jefe del Tribunal Supremo, John Roberts, que el lunes por la noche decidió atender la petición de urgencia presentada por los estados de Texas, Arizona y Virginia.

«Nadie puede disputar razonablemente que la ausencia de esa orden cautelar causaría una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera», argumentaron. «La idea de que los estados no sufrirán un daño irreparable como resultado de la catástrofe inminente que causará la terminación del Título 42 es, por tanto, una fantasía».

El juez Roberts estuvo de acuerdo. El Gobierno de Joe Biden tenía hasta este martes por la tarde para demostrar lo contrario, pero todo indica que el tribunal en pleno aceptará el caso, lo que demoraría su resolución hasta el verano. El Gobierno federal se encuentra entre la espada y la pared.

Por un lado, Biden hizo campaña con la promesa de acabar con esa política, que utiliza la excusa de la pandemia para controlar el flujo de emigrantes sin necesidad de atender a sus solicitudes de asilo político. Por el otro, su cancelación en un momento de números récords hacía predecir que a partir de este miércoles podía encontrarse con hasta 18.000 emigrantes cruzando la frontera ilegalmente, estimaba el Departamento de Seguridad Doméstica.

Tal era la proporción de la crisis que el alcalde de El Paso, el demócrata Oscar Leeser, declaró el sábado el estado de emergencia de forma anticipada. La ciudad texana lleva meses desbordada, con el gobernador Greg Abbott enviando a los indocumentados en autobuses al noreste del país.

La American Civil Liberties Union (ACLU) considera que los jueces del Supremo, de mayoría conservadora, deben rechazar la solicitud interpuesta por los estados porque queda claro que intentan usar una ley de salud pública para propósitos migratorios. En su lugar, el Gobierno debería enfrentar el problema con políticas específicas que aplique «de forma humana», dijo su presidente, Lee Gelernt.

El Título 42 permite la expulsión inmediata pero no la deportación, por lo que los inmigrantes a menudo se quedan esperando en la peligrosa franja fronteriza hasta la siguiente oportunidad de cruzar. «Eso no significa que las puertas estén abiertas», protestó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. «El que cruce ilegalmente será castigado». No es eso lo que oyen los que emprenden el camino hasta el Río Bravo, donde, les han dicho, comienza el sueño americano.