Nueva movilización para exigir una subida salarial para los funcionarios

«Perseguimos llamar la atención tanto del Gobierno como de los grupos políticos sobre una problemática que afecta a más de 3,3 millones de trabajadores», explicó el coordinador del Área Pública de CC OO, Humberto Beltrán, en rueda de prensa.

El sindicato lleva más de un año demandando con fuerza y movilizaciones que el Ejecutivo abra el foro de negociación colectiva específico de los empleados públicos y en mayo consiguió el compromiso de la secretaría de Estado de Función Pública de convocar la mesa general. Pero esta convocatoria no solo no se ha producido, sino que poco después la ministra del ramo, María Jesús Montero, retrasó esta negociación salarial para después del verano, cuando se acerque el momento de aprobar los nuevos Presupuestos para 2023, algo que ha provocado el enfado de los sindicatos.

«Ante un panorama económico preocupante por la creciente subida de la inflación, reivindicamos un nuevo acuerdo salarial y de condiciones de trabajo, que garantice el poder adquisitivo, recupere derechos recortados en anteriores crisis y avance en la mejora sustancial de la normativa y las condiciones de trabajo para este colectivo», incidió Beltrán. Beltrán pidió un incremento salarial acorde con el alza de los precios, ya que los funcionarios llevan años sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, así como otros derechos como la jornada semanal de cinco días para todos los sectores o eliminar la tasa de reposición.

No obstante, en este caso CC OO no exigirá incluir una cláusula de revisión salarial para blindar los salarios de los empleados públicos a la inflación, de forma que si esta sube más que los sueldos, se actualice a fin de mes. «Nosotros no vamos a plantear las cosas igual que en otros sectores, porque la contraparte es la sociedad, somos todos», admitió el dirigente sindical, que dejó claro que el objetivo sigue siendo que el poder de compra de este colectivo «no se deteriore o se deteriore lo menos posible», y que en tal caso «se vea compensado por la recuperación de otros derechos y otros recortes que están aún pendientes».

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, también participó en esta rueda de prensa, en la que recordó que el último gran acuerdo marco data de marzo de 2018. Sordo lamentó los «recortes muy duros» que sufrió en el pasado la Función Pública, con un deterioro de los servicios que todavía se está pagando.

Ante la situación actual, el líder de CC OO advirtió que el Gobierno no puede entender el sector público «como una especie de mecanismos de ajuste ante las crisis», sino como «una apuesta estratégica» del Estado. Para Sordo, los recortes y la falta de inversión en los servicios públicos, tanto en personal como en modernización, suponen «un error en la concepción de país» y abre la puerta a la privatización.

Por otra parte, defendió que «buena parte del éxito o el fracaso del pacto de rentas» depende del Gobierno, que es «el principal protagonista» de ese acuerdo, y acusó al Ejecutivo de actuar como si se tratara de «una cuestión ajena».

Así, Sordo instó al Gobierno a «mojarse y generar incentivos que faciliten» el acuerdo, con el uso de la fiscalidad, por un lado, y con las decisiones del Ejecutivo sobre las rentas de unos 15 millones de personas (empleados públicos, pensionistas, perceptores del Salario Mínimo Interprofesional o de prestaciones sociales), por otro.