El Gobierno pacta con los sindicatos y al margen de la CEOE el Estatuto de los Becarios

Tras un año largo de negociaciones, las organizaciones de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo alcanzaron este viernes un principio de acuerdo para aprobar esta norma antes de las elecciones generales que impondrá sanciones de hasta 250.000 euros a las empresas que realicen algún tipo de discriminación hacia los becarios, según recoge el último borrador enviado a los agentes sociales. UGT y CC OO, no obstante, precisan que aún quedan «algunos flecos».

El texto, que limita además las horas que podrá trabajar este colectivo, incluye gran parte de las demandas sindicales, como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación económica a los estudiantes de los gastos que acarree la actividad laboral –como los desplazamientos–, o el establecimiento de un régimen sancionador «efectivamente disuasorio», según señalaron a este periódico desde UGT.

Sin embargo, los sindicatos no han logrado que, una vez que la patronal se ha desmarcado del acuerdo, se vuelva al texto primitivo, en el que se suprimían las prácticas extracurriculares, aquellas que, a diferencia de las curriculares, son voluntarias y no forman parte del plan de estudios. Ni siquiera fija un plazo más largo para su eliminación, sino que únicamente las limita.

Concretamente, Díaz permitirá ahora mantener todas las prácticas universitarias pero bajo dos exigencias: tendrán que estar vinculadas a los estudios que estén cursando (actualmente no existe este requisito y pueden trabajar en cualquier empresa) y las acota a una duración máxima: que no superen el 25% por curso académico del tiempo del total de créditos de la titulación en cuestión y un máximo de 480 horas por curso.

La CEOE manifestó este viernes a este periódico su posición «contraria» al nuevo Estatuto de los Becarios, que también cuenta con la oposición del Consejo de Rectores de las universidades. La patronal considera que «no es apropiada» la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad, puesto que tendrá que ser aprobado en real decreto ley.

Además, advierte que limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, «algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo». Asimismo, la patronal resalta que hay «discrepancias» entre la regulación de esta ley y la normativa universitaria recientemente aprobada, con lo que «el riesgo de incurrir en sanciones por falta de seguridad jurídica es alto».