Hay previsiones más optimistas y otras que menos, pero en lo que coinciden los expertos es que la inflación terminará el año por encima de la tasa de 2021, que fue del 6,5%, debido a las tensiones comerciales y energéticas que está suponiendo el ... conflicto entre Rusia y Ucrania. La luz sigue en valores altísimos debido a su vínculo con el precio del gas, y los carburantes tiran al alza por los problemas de suministro del petróleo.
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La mayoría de economistas consideran que España no llegará a los dos dígitos y que la inflación de marzo (9,8%) será la más alta del año, ya que la idea aprobada por Bruselas de topar el precio de la luz que depende del gas y el plan de choque del Gobierno que incluye la subvención de 20 céntimos por litro de carburante harán que el IPC se vaya moderando los próximos meses. Los alimentos frescos, que también están tirando hacia arriba de los precios, también se irán relajando una vez finalizada la huelga del transporte.
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Las previsiones más optimistas son las de la Autoridad Fiscal (Airef), que apuntan a una inflación a final de año del 6,2%. Por encima se sitúa la estimación de Funcas, que sube la apuesta al 6,8%, y BBVA Research, que considera que los precios finalizarán el año en el 7%. Por su parte, Fedea suma un punto a la tasa del año pasado, con el 7,5% para 2022, el mismo cálculo que hace el Banco de España. Cabe destacar que la inflación no sube del 7% desde 1986.
La consecuencia directa de la subida de precios es el recorte de poder adquisitivo de los españoles. Según los cálculos de Funcas, los consumidores perderán 16.700 millones en capacidad de compra por la elevada inflación, lo que hará que muchos empiecen a tirar de ahorros incluso para los productos más básicos. Los que por ahora no perderán poder adquisitivo serán los pensionistas, para los que el Gobierno ha garantizado la revalorización de sus nóminas conforme al IPC de este año, «aunque se llegue a los dos dígitos», señaló la ministra de Hacienda esta misma semana. Esta medida supondrá 18.000 millones extra para la Seguridad Social, según cálculos de Fedea, hasta superar los 188.500 millones en esta partida de gasto público.
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