El Gobierno aprueba el decreto-ley que prohíbe el trabajo a pérdidas de los transportistas

El nuevo decreto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros recoge varias disposiciones para que el precio del transporte efectivo cubra los costes individuales incurridos por el profesional del ramo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del servicio y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. Para fijar esas cuantías será válida la estructura de partidas recogida en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

En este contexto se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros. Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías que ahora tratarán de pulir el ministerio y los representantes del sector recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación a través de intermediarios que presten servicios de transporte a través de internet.

En todo caso se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas las medidas implantadas, presente en un plazo de seis meses en el Parlamento un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.

El decreto aprobado este lunes recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible de este «sector estratégico», según resalta el Ejecutivo. Dicha línea, dotada con más de 450 millones de euros, se distribuirá de la manera siguiente: vehículos pesados de mercancías, 1.250 euros por cada uno; vehículos ligeros de mercancías, 500 euros; autobuses, 950 euros por vehículo; ambulancias, 500 euros; autobuses urbanos, 950 euros; taxis y vehículo VTC: 300 euros por cada uno.

Respecto al transporte por tren, para las locomotoras diesel de ferrocarril se subvencionará con 15.000 euros cada unidad y, además, habrá un máximo de 1,9 millones de euros en los casos de empresas públicas y privadas que operen en este sector.

Por último, en el ámbito del transporte aéreo, el Consejo de Ministros aprobó que Aena realice una serie de inversiones en instalaciones de equipamiento tecnológico para apoyar la implantación del registro biométrico de pasajeros 'entry/exit system'. En principio, se instalará en los aeropuertos en noviembre y puede generar aún más colapsos en los controles de pasajeros de terceros países fuera de la UE. En total, el gestor de los aeródromos invertirá unos 150 millones en nuevo equipamiento y otros 10 millones en personal de apoyo para evitar aún más aglomeraciones en sus instalaciones, aunque su planteamiento es revertir luego ese coste a las propias aerolíneas a través de sus tasas.