El Gobierno aboga por un pacto a tres años para moderar las rentas empresariales y salariales

Calviño mantuvo en su comparecencia un gran hermetismo, pero sí desveló que su objetivo es una moderación de las rentas empresariales y salariales hasta 2025. «En este momento es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación», defendió la vicepresidenta, quien también avanzó que confía en que se pueda incluir en este pacto una nueva subida del salario mínimo, tal y como demandan los sindicatos.

Sin embargo, evitó hablar de la subida de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, tal y como exigieron este mismo miércoles de nuevo los empresarios. «Es fundamental hablar de pensiones», abogó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Así, señaló que cada punto de subida supone un coste extra de 1.700 millones y, de revalorizarse las prestaciones con el IPC, el gasto adicional para 2023 podría llegar hasta los 17.700 millones. «Todos queremos que los pensionistas cobren y que los salarios suban, pero no queremos que quiebre el sistema», advirtió.

El líder de los empresarios –que al igual que los sindicatos denunció que se había enterado de que les habían convocado para hablar del pacto de rentas por la prensa– también pidió al Gobierno aclarar qué pasa con los salarios de los funcionarios, porque aún no se sabe cuál va a ser la subida para los más de 2,5 millones de empleados públicos. «Si hablamos de pacto de rentas, hay que saber qué tenemos que hacer», indicó.

El pacto además se complica en vista de las cada vez más tensas relaciones que mantienen los empresarios con el Gobierno. De hecho, Garamendi, tiró un poco más de la cuerda y cargó contra el Ejecutivo por actuar en «clave electoral permanentemente». Lo hizo más expresamente contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dejando claro que ese idilio que en apariencia mantuvieron durante la pandemia ha llegado a su fin.

«Muchos de los mensajes que lanzan, sobre todo ayer la vicepresidenta segunda, son pura clave electoral», se lamentó Garamendi. Se refería a las declaraciones de Díaz, que acusó a la patronal de «bloquear» las subidas salariales, dijo que «no es momento de moderar los salarios, muy al contrario» y se mostró a favor de una revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año, otra de las reivindicaciones que ayer hicieron los sindicatos. «Nosotros no estamos a mensajes en clave electoral. No vamos a jugar a las elecciones o al elemento político», subrayó.

El presidente de la CEOE, a su vez, hizo hincapié en que lo que «de verdad» preocupa a las empresas es «la principal empresa del país, que es el Estado, y su eficiencia». Por ello, reivindicó que un pacto de rentas no se puede circunscribir a la actividad privada y descartó que sean «los malos de la película». Así, recordó que ellos no se niegan a subir los salarios de los trabajadores, sino que lo que rechazan es indexarlos a la inflación porque «volveríamos a una inflación de segunda ronda y la convertiríamos en estructural», lo que -incidió- repercutiría en la competitividad de las empresas.

Y mientras, esa misma mañana, los sindicatos se concentraron frente a la sede de la CEOE para exigir un alza salarial y advertirles de que las movilizaciones irán en aumento en otoño si se niegan a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. CC OO y UGT mostraron su oposición a que el pacto de rentas implique una caída salarial y exigieron al Gobierno que impulse una política fiscal «valiente» que garantice un verdadero reparte de las rentas.

«Si quieren un pacto de rentas, tiene que haber dos patas encima de la mesa: medidas eficaces para contener los precios y un pacto fiscal vinculado a cómo se protege a los colectivos sociales que lo están pasando particularmente mal. En ese escenario no solo sería posible, sino deseable, un pacto de rentas», admitió el secretario general de CC OO, Unai Sordo.

«No podemos dejar a la gente que gana mil euros sin un aumento de salarios por la cerrazón de la CEOE. Si no lo conseguimos a través de las mesas de negociación, lo haremos exigiéndoselo al Gobierno», precisó el líder de UGT, Pepe Álvarez.