Ferrovial rechaza ahora la inseguridad jurídica en España para su traslado

El problema fue que en su primera comunicación al mercado para anunciar la operación, la empresa señalaba que Países Bajos contaba con un «marco jurídico estable», algo que fue interpretado como que buscaba una mayor estabilidad en ese país y fue aprovechado por la oposición al Gobierno para atacar sus políticas fiscales. Polo señaló que no se explicaron con claridad y reiteró que mantendrán el empleo y su actividad en España pese al cambio de sede.

Tras estas declaraciones, la vicepresidenta económica Nadia Calviño celebró la «rectificación» de Ferrovial. En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, la ministra resaltó la apuesta por el país de otras multinacionales extranjeras como Intel, Cisco, Microsoft o Vodafone, que ya han anunciado proyectos mil millonarios en España.

En cualquier caso, el representante de Ferrovial aseguró que esta transacción no requiere de ninguna autorización por parte del Gobierno, porque todo transcurre dentro del espacio común europeo, y que el blindaje antiopas no está concebido para estos casos, en el que solo se va a producir una fusión entre una empresa española y una neerlandesa.

«Esta operación forma parte del desarrollo natural de la empresa; queremos competir en igualdad de condiciones frente a otros grandes constructores internacionales con los proyectos de infraestructuras más grandes del mundo. Para que la empresa siga creciendo es necesario que empiece a cotizar en Estados Unidos, con una acción con mayor liquidez, y para estar en un escaparate que atraiga el interés de los inversores norteamericanos, al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de financiación», explicó Polo.

En cambio, el presidente de la patronal de empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró que buscar vías para impedir la marcha de la empresa a Países Bajos «es la mejor manera que para que todavía haya más inseguridad jurídica en España». En declaraciones a la prensa durante su asistencia a una jornada sobre comercio electrónico organizada por la patronal financiera Asnef, el dirigente empresarial se mostró muy crítico con las declaraciones que están realizando distintos miembros del Gobierno a propósito de la decisión de Ferrovial.

La semana pasada, Garamendi calificó de «increíble, absurda y peligrosa» la reacción del Ejecutivo al anuncio y avisó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que señalar, con nombres y apellidos, a Rafael del Pino, genera «desconfianza» entre los inversores.

En este mismo sentido se manifestó el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y dieciocho asociaciones territoriales, en nombre de más de 1.500 empresas familiares, que este martes reclamaron un «clima de respeto y diálogo constructivo» que facilite el desarrollo de su actividad en España, y criticaron las recientes descalificaciones formuladas por miembros de las instituciones hacia compañías privadas, según un comunicado.

Las asociaciones firmantes apuntaron también que la necesidad de impulsar a las compañías familiares «es una obligación de todos los estamentos de la sociedad», pues consideran que estas suponen una «parte irremplazable» del tejido empresarial y social español. «Las empresas familiares, grandes, medianas y pequeñas, somos la columna vertebral de la economía española y hemos contribuido con entusiasmo a la modernización y prosperidad de la democracia», reivindican en la declaración.