La CEOE recurrirá la nueva obligación de las empresas de avisar de un ERE seis meses antes

Así se aprobó en la Junta Directiva celebrada este miércoles, en la que también se acordó reclamar al Ministerio de Trabajo que mantenga el sistema de bonificaciones a la formación obligatoria tras el cambio de criterio aplicado por la Inspección de Trabajo, que está sancionando en los últimos meses a muchas empresas por haberse deducido estas cuotas, algo que nunca había pasado en un sistema que es habitual desde el año 2004, denunciaron en un comunicado conjunto CEOE y Cepyme.

También fue el ministerio liderado por Yolanda Díaz el que introdujo una disposición adicional con cambios en el despido colectivo en el real decreto con el que desarrolló el funcionamiento de los nuevos mecanismos RED de flexibilidad y estabilización del Empleo. A raíz de esta nueva norma, las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo están obligadas, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de cincuenta o más personas trabajadoras, a notificar esta decisión a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo.

Esta notificación tendrá que realizarse a través de medios electrónicos y con una antelación mínima de seis meses previos a la comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el empresario a los representantes legales de los trabajadores.

«En el caso en que no sea posible observar esa antelación mínima, deberá realizarse la notificación tan pronto como lo fuese y justificando las razones por las que no se pudo respetar el plazo establecido», establece el real decreto. El cambio también fija que se remita copia de esta notificación a las organizaciones sindicales más representativas y a las representativas del sector al que pertenezca la empresa.

La CEOE también alzó este miércoles la voz para que se mantenga el sistema de bonificaciones a la formación obligatoria, que se ha venido aplicando en España a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo y que puede ser tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales) como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos).

Desde el año 2004 hasta hace poco las empresas se estaban deduciendo la formación obligatoria de sus trabajadores sin ningún problema. Para ello las cotizaciones sociales incluyen una cuota del 0,7% para la formación, de la que un 85% la pagan los empresarios. Sin embargo, en el último año la Inspección ha lanzado una campaña contra estas bonificaciones y está sancionando a muchas empresas por haberse beneficiado de estas ayudas, que se ven, además, obligadas a devolver, advierten la patronal.

Los empresarios denunciaron que se trata de un «cambio de criterio» que, «en algunos casos, se pretende aplicar con efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las PYMES y aquellas de menor tamaño». Las organizaciones piden, por tanto, la adopción de las medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica de las empresas.

Desde el ministerio aseguran que no ha cambiado de criterio ni ha dado nuevas instrucciones respecto de la bonificación de formación obligatoria. «La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de su autonomía funcional, ha de someter sus actuaciones, como es preceptivo, a la interpretación judicial», aseguraron a este periódico fuentes de este departamento, que se remiten a la sentencia de la Audiencia Nacional del año pasado.

Además, recordaron que la formación en prevención de riesgos laborales es obligatoria y permite a las personas trabajadoras hacer frente a sus obligaciones laborales salvaguardando su seguridad y su salud en sus puestos de trabajo. «No supone, por tanto, una mejora de sus competencias ni está destinada a la recualificación de las personas trabajadoras», precisaron.

CEOE y CEPYME recuerdan que, de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores.