Los empresarios ven al Gobierno como el principal obstáculo para la competitividad

Las empresas participantes valoran negativamente de forma generalizada el impacto sobre la competitividad de la economía española del desequilibrio de las cuentas públicas (84,3%), el incremento de los tipos de interés (81%), la no deflactación de los tipos impositivos (72,5%), el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y de las cotizaciones (59,6%) o la Reforma Laboral (53,8%). En este último aspecto se considera prioritario vincular los salarios a la productividad, no al IPC, y mejorar la formación para el empleo y las políticas activas especialmente para jóvenes, mujeres y sénior.

La fiscalidad se encuentra un año más entre las prioridades de la política económica en opinión de los encuestados. El 73% ve que la carga impositiva es perjudicial para la competitividad de su empresa y sector. Las reformas impositivas que se consideran más adecuadas para mejorar esa competitividad son los incentivos fiscales a la inversión (72%) y la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (60%). Y entre las medidas efectivas para la reducción de la economía sumergida destacan el aumento de la transparencia (60%) y el endurecimiento de las sanciones (50%).

El 90% de los encuestados por el Círculo de Empresarios, que preside Manuel Pérez-Sala, considera que la gestión del gasto público en España no es eficiente y para asegurar unas Administraciones Públicas eficientes un 71% entiende que es necesario evaluar la eficiencia del gasto y un 60% que hay que implementar una reforma estructural.

Un año más preocupa el futuro de las pensiones. Apuestan los encuestados por incentivar la vida activa más allá de la edad legal de jubilación (68,1%), por el fomento de planes de pensiones privados complementarios al sistema público (54,5%) y la constitución de un fondo de capitalización individual tipo «mochila austríaca» (52,7%).

En línea con la edición anterior, en torno al 75% de encuestados considera la gestión de los fondos europeos mala o regular. Sube con respecto al año anterior el porcentaje de empresas que no los han solicitado (56,3%) por la complejidad de los trámites administrativos (50,7%), por no estar incluido su sector en las políticas palanca (38,4%) o porque consideran que sólo benefician a las grandes empresas (31,5%). Un 25,1% no lo han hecho por desconocimiento de los requisitos y procedimientos y un 19,7% por falta de recursos internos para gestionar el proyecto.

En la encuesta han participado un total de 420 empresas de diversos tamaños y sectores de actividad. Entre las empresas participantes hay predominio del sector servicios y mayoría de pequeñas y medianas.