Multas de 60.000 euros para quien incumpla el plan de ahorro energético

Según esta premisa, aquellos que no cumplan con la norma, podrían tener que hacer frente a multas de hasta 60.000 euros si acometen una infracción considerada leve. Las graves ascenderían a seis millones de euros mientras que las «muy graves» podrían llegar a los cien millones de euros, aunque desde el Ministerio matizan que los supuestos del nuevo plan de ahorro energético entrarían dentro de las consideradas como leves. «Los procedimientos sancionadores siempre se aplicarían bajo un principio de proporcionalidad», aseguran, indicando que son las comunidades autónomas las que deben vigilar y aplicar las sanciones según el incumplimiento.

El problema es que, al menos de momento, no existe un criterio sancionador específico para cada medida, como sí ocurre en otros países europeos que han adoptado normas similares. Francia, por ejemplo, aplica una multa de 150 euros por el uso de climatización con las puertas abiertas en los locales. Bajo la normativa actual, y al no existir un mecanismo de sanciones específico, esa pena podría alcanzar los 60.000 euros que corresponden a una infracción leve en España, aunque desde la cartera que dirige Teresa Ribera insisten en que las sanciones serán equitativas.

Los distintos ministerios consultados por este diario tampoco tienen claro si el reglamento seguirá desarrollándose en los próximos meses y si finalmente se impondrán cuantías concretas para cada caso.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, expresó este martes que las competencias a la hora de controlar que se cumplen los mecanismos de eficiencia energética pertenecen a las comunidades autónomas, haciendo un llamamiento a una «respuesta solidaria» para contribuir a la autonomía estratégica necesaria para reducir la dependencia del gas ruso.

En este punto, aludió a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en la noche del lunes ya advirtió que la región no cumplirá con el plan que también incluye apagones a partir de las diez de la noche en edificios y monumentos, como ya hacen otros países europeos como Alemania.

«Un real decreto ley hay que cumplirlo», sentenció Calviño. Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también ha mostrado su confianza en que todos los responsables públicos «cumplan con la ley y los esfuerzos que nos piden desde Europa».

«Las medidas aprobadas son muy razonables y creo que la ciudadanía las entiende muy bien», insistió Calviño. En concreto, y según consta en el real-decreto publicado el martes por el BOE, los edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles tendrán que limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno a partir del 9 de agosto y hasta noviembre de 2023.

Desde el Gobierno matizan que habrá excepciones en centros de trabajo «donde por razones justificadas se necesite acomodar este criterio a una orientación más laxa», ya que se deben respetar los derechos de salud de los trabajadores, y a los que exigen una temperatura necesaria.

Quedan también excluidos de la norma centros de formación (colegios, universidades, guarderías, etc), centros sanitarios, peluquerías, gimnasios, medios de transporte (trenes, aviones, barcos...), lavanderías, peluquerías, hoteles (donde las habitaciones son de regulación privada, aunque sí aplica en espacios comunes).

Este paquete de medidas también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento.

También que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas.

Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.

Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.

Las medidas también incluyen la exigencia de someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años.

De esta forma, para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización, según precisó la titular del ramo.