La Audiencia Nacional ordena investigar a Villar y Sánchez Arminio por malversación

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda estimaron parcialmente el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), que recurrió el auto del juez instructor Alejandro Abascal en el que acordaba prorrogar tres meses la investigación y rechazó la solicitud de citarles como investigados, entre otras razones, porque ya habían declarado testigos.

En su auto, la Sala desestima por el contrario la otra petición de La Liga para que se tenga como investigada a la RFEF como persona jurídica. El tribunal presidido por José Antonio Mora explica que esta diligencia deberá estudiarse a la espera del resultado de las declaraciones de los tres anteriores encausados.

La resolución señala que procede tomarles declaración como investigados, sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita La Liga.

Para la Sala, el hecho de que hayan declarado previamente como testigos no es óbice para su posterior cambio de condición, pasando a ser investigados. «No es sino la existencia o no de indicios racionales y suficientes de criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas como investigadas debe o no atender».

En su escrito, La Liga denunciaba que de las diligencias practicadas se deriva la existencia de un nutrido volumen de pagos "manifiestamente ajenos" a los fines convencionales para los que la LNFP aportaba a la RFEF los fondos convenidos. Un traspaso llevado a cabo en virtud de un "acuerdo arbitral referente a la aplicación del posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF", alcanzado y documentado -según los denunciantes- por personas sin atribución ni competencia alguna para ellos.

Una actuación que se hizo, prosigue La Liga, "a sus espaldas", de forma que los que eran, a la fecha de los hechos, presidente y secretario del CTA prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas, con fondos de la LNFP, de «gastos completamente ajenos al fútbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la LNFP a la RFEF, siendo aquellos subordinados del presidente de esta última (Ángel María Villar), quien se benefició ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF».

Por su parte, el fiscal considera que existen indicios para entender que la LNFP percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendada la Comisión de Seguimiento en la Participación de las Quinielas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deporte (CSD), sin perjuicio de las funciones de control financiero realizadas por la Intervención General la Administración del Estado (IGAE).

Una de las obligaciones establecidas mediante acuerdo de la citada Comisión a partir el ejercicio 2004/2005 es que esa aportación de dinero público se destine a sufragar el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol, y que cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente requerirá la previa comunicación y acuerdo favorable de la comisión del CSD.

Los informes periciales practicados en las actuaciones, según el fiscal, concluyen que las aportaciones realizadas por la LNFP correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin.