Una manifestación reivindicará la sanidad pública el 15 de marzo en Valladolid

Profesionales y usuarios regresarán a las calles con una manifestación el 15 de marzo en Valladolid en defensa de la sanidad pública, tras las masivas celebraciones de los años 2018 y 2019. Convocados por los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León se pondrá el foco en «la desidia, inacción, ineficiencia y estupidez» de la Consejería de Sanidad, que «repercute negativamente» en los pacientes y en los trabajadores del sector, y a la que acusaron de acometer una «política de trampantojos, llena de promesas, pero la burra no se mueve», crear diferencias entre trabajadores y maquillar los datos de listas de espera. Además, ambos sindicatos coincidieron en que «las cosas han cambiado desde 2023, pero a peor, porque los problemas se han agudizado». «Es un Gobierno que ha metido la cabeza en la tierra como los avestruces y prefiere que la vida siga igual. Cada vez estamos todos peor», asumió el secretario general de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, en declaraciones recogidas por Ical.

Igualmente, el secretario de Acción Sindical de UGT-Servicios Públicos de Zamora y miembro de la Plataforma por la sanidad pública de esta provincia, Gerónimo Cantuche, aseguró que es el «momento preciso» para la protesta, que tendrá lugar en «unidad de acción», junto a todas las plataformas por la sanidad pública de la Comunidad y apoyada por PSOE, IU, Podemos, el PCE y Ahora Decide, además de otras organización que se sumarán y con las que mantienen contactos. Será por las céntricas calles de la ciudad vallisoletana, en torno a mediodía, y en un recorrido aún por definir.

«Lo hacemos ante la inacción del Gobierno regional, porque ni está el presupuesto al que se comprometió Mañueco, la Ley del Blindaje de la Sanidad Pública es un paripé, no hay mejoras laborales, las listas de espera cada vez son mayores y no invierten en recursos propios, sino cada vez más descapitalización», apuntó Cantuche, quien señaló que existe una «dinámica de listas de espera, que han entrado en un modelo nuevo y diferente, por el que no se cita a los paciente y su petición se guarda en un cajón», lo que ha conllevado que en provincias como Zamora hay 14.000 personas pendientes de una cita, «pero que serán más porque están maquilladas».

«Si no los tienes contabilizados, no existen», señaló, para añadir que hay pacientes que «llevan esperando más de un año a que les den una cita». Al respecto, Pérez Ureña matizó que es «la lista de espera de la lista de espera», porque «cierran las agendas» para pruebas diagnósticas y para especialistas y la petición del médico de familia «se queda en el centro de salud». «Si el consejero ha dado la orden de hacer eso así, la tendrá que modificar, aunque los gerentes no le hacen mucho caso», puntualizó Cantuche, quien expuso que cada Gerencia «lo maquilla a su manera para que no figuren los miles de personas en listas de espera».

Además, recordó que aún se observan consultorios cerrados y las áreas de difícil cobertura «se incrementan más», un aspecto sobre el que reclamó que se concrete. A su juicio, «todo esto se traslada a los ciudadanos, en una atención deficiente, con listas de espera interminables que no resuelven sus problemas porque no se encuentran diagnósticos», y que en muchos casos «genera muertes por una mala asistencia o déficit de la misma».

En este sentido, lamentó que hay «gente con problemas oncológicos que no se atreve a denunciar», porque «cuando les llegan las pruebas o tratamientos, es tarde y queda en el sueño de los justos».

Cantuche también se refirió a la relación de puestos de trabajo (RPT), que es la forma de organización de las plantillas, y sobre la que reclamaron «hacer en Sacyl una individualización de cada puesto de trabajo, sin necesidad de una ley», con el fin de «dotar de características específicas los puestos que no se pueden cubrir bien, en la montaña, en lugares periféricos o los que no se cubren en hospitales». «Hay provincias donde la zona de difícil cobertura es ya toda la provincia», criticó, para demandar el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública.

A su vez, recordó que en 2016 mantuvieron contactos con los portavoces sanitarios de los grupos parlamentarios de las Cortes, entre ellos el consejero actual del ramo, Alejandro Vázquez, en el PP, «para adaptar el modelo sanitario a la realidad de esta Comunidad». Entonces, «él fue partidario, pero ahora es harina de otro costal», por lo que también insistió en «implementar medios y recursos propios», porque la situación «va camino de derivar de forma externa todo lo que no puede hacer Sacyl».

«Hartazgo» de todos

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO-Castilla y León, Beatriz Benavente, justificó esta movilización, que se deriva de un «cúmulo de acontecimientos e inacciones» que sufre la ciudadanía en materia sanitaria y que se traduce en el «hartazgo» de usuarios y profesionales.

Resaltó que la sanidad pública regional tiene unos profesionales «excepcionales, pero con condiciones laborales y retributivas nefastas»; y frente a ello, la Consejería «toma medidas que nos encamina a un precipicio». Como ejemplo, habló que la Atención Primaria tiene pendiente una reestructuración de servicios y recursos, «para optimizarlos». «Es una reivindicación histórica y se niega a implementarla. Todos sabemos que hay núcleos de población más alejados de la ciudad, más envejecidos… y es necesario para esos consultorios y zonas de salud que se lleven a cabo unas medidas incentivadores, económicas y laborales, para que los trabajadores decidan prestar allí sus servicios durante un tiempo. Lo hemos pedido durante años y se obceca en su inacción», reprochó.

Benavente sostuvo que, mientras, en la Atención Hospitalaria, «la última gran medida» fue publicar un decreto a finales de diciembre por el que «decidía pagar los sábados solo en dos categorías», lo que indica que la Junta «quiere clases de primera y de segunda, porque la distinción no solo habla de dinero, sino de respeto al profesional, porque se trabaja de forma multidisciplinar y esas medidas tiene consecuencias directas en los usuarios».

Esto provoca, añadió, «cada vez profesionales más quemados, más presión asistencial, sin medidas ni incentivos», y que «quien se puede marchar lo hace porque en comunidades limítrofes sí actúan». «Hemos instado a Sanidad a que incentive empleos para que se queden aquí los profesionales y atraer a otros. Nos sentimos infravalorados y mal retribuidos», lamentó.

Sanidad «destroza» equipos

Muy duro se mostró Tomás Pérez Ureña, quien añadió que los profesionales «no solo están mal retribuidos, sino que «ven que se destrozan los equipos». «La sanidad es trabajo de equipo. Para que un cirujano opere tiene que haber un celador que lleve al paciente a quirófano, un técnico que logre asepsia total, radiodiagnóstico, enfermeras, etc.», ejemplificó, pero la Junta «distingue a los trabajadores» y paga los sábados «a una parte de este equipo frente a la otra», situación que crea un «resentimiento, un problema entre categorías y rompe equipos», y «lo hace por cuestiones políticas», en base a un acuerdo para abonar los sábados que lo llevó a la mesa sectorial con los sindicatos, «pero que ya tenía acordarlo con un sindicato que era afín a Vox» cuando esta formación integraba el Gobierno autonómico.

Además, criticó que los técnicos «llevan diez años cobrando por debajo de su categoría académica y profesional» y que «no se ha cumplido con la reclasificación profesional» prevista para el 1 de enero de 2025. «Algunos saben que hace diez años que les están tangando en el sueldo y en su categoría profesional y afecta a su jubilación», trasladó.

Otra de las promesas «sin cumplir» a las que se refirió Pérez Ureña son las plazas RPTs y la oferta pública, que «no cumbre ni las necesidades básicas, hay un déficit». También mencionó que Mañueco se comprometió a que todos los hospitales públicos «tendrían habitaciones para uno o dos enfermos». «¿Dónde está esa promesa? Porque el Clínico lleva diez años de obras», cuestionó.

«Sin evolución»

El último en intervenir fue el secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO en Castilla y León, Ignacio Fernández, también de la plataforma por la Sanidad Pública de León, quien expuso que «no hay semana en la que no aparece un problema sanitario en la prensa, bien por el lado de usuarios o de los profesionales», lo que «los convierte en estructurales, problemas de gestión política y cotidiana del sistema de la sanidad pública».

A su juicio, es la Consejería «del marketing, que todo lo hace bien», y «de vez en cuando sale Vázquez o Mañueco y venden humo», como sucedió esta semana con el plan de atención mental, se refirió. «Desde el punto de vista publicitario son eficaces, desde el real, son necios», sintetizó. Por ello, apeló a que el 15 de marzo «salgan juntos a la calle usuarios y profesionales, que se vea que no estamos de espalda, sino que somos complementarios». De hecho, aplaudió que las encuestas a los usuarios establecen que «están contentos con los profesionales», algo que definió como «clave», porque los servicios públicos de Castilla y León «se sostienen en sus profesionales, y se vio en la pandemia».

Por último, recordó que desde 2019 hay un decreto en la Comunidad, que «nunca se ha llevado a cabo», sobre zonas de difícil cobertura. «Es una declaración de intenciones de Sanidad tenerlo ya aprobado y no llevarlo a cabo», sentenció Fernández.

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