La asociación 'El Defensor del Paciente' ha solicitado este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, requisar los protocolos de interrupción de aborto de Castilla y León y Madrid por entender que «están tratando este tema como si de un juego se tratara» ... y que «las mujeres son meras figurantes mandándolas y haciendo lo que a ellos les parece con protocolo que nadie conoce». «Algo parecido -precisan- a los que elaboraron con las residencias».
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En una carta firmada por la presidenta Carmen Flores, señalan que «la falta de respeto de decisión y de intimidación es un delito que solo ustedes pueden abordar» ya que subrayan que «la ley se debe cumplir» y esta dice que «los abortos en la sanidad pública y excepcionalmente en privado que está preparado, no pone que un hospital se pueda negar y si se niega está incumpliendo la ley, alegar objeción es de un medico determinado y con tiempo firmado».
Finalmente, manifiestan que «esta solicitud como siempre, está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público (creemos que la dictadura en una democracia es un delito) y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal».
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