Sentido de Comunidad

La última redacción del Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue fruto del consenso político, no como en las reformas anteriores, que surgieron tras un acuerdo entre los dos grandes partidos y respondieron por ello a un modelo unitario.

Pero ¿qué es el consenso?, actitud tan necesaria siempre… En palabras de Antonio Hernández Gil, que fuera presidente de las Cortes Generales, consiste en «la constante presencia de cada uno en el otro, de los otros, de todos. Sentido total de la convivencia. El otro es partícipe y rival, no enemigo. Voluntad de aproximación, encuentro y entendimiento. Tolerancia, transigencia. Crisis y superación del dogmatismo de las verdades absolutas. En definitiva, comprender que el destino político de un pueblo –en este caso, de Castilla y León– no puede ser objeto de expropiación ni apropiación por un grupo, una clase o una persona porque es obra y patrimonio de todos los ciudadanos».

El consenso, trasladado a Castilla y León, es lo que entiendo como sentido de Comunidad, que existió en un Estatuto con una lectura constitucionalmente clara. Un texto que superó el hecho provincial, definiendo a Castilla y León como una «Comunidad histórica y cultural».

Norma básica con una lectura claramente constitucional, constitucionalista. Que comprende una Carta de Derechos de los Ciudadanos que prioriza a las personas y da un mayor espacio a la acción social. Con la regulación de las Instituciones Propias. Con una decidida apuesta por la autonomía de los entes locales y el Diálogo Social. Y con un claro modelo reivindicativo de financiación autonómica.

Hay tres aspectos en los que creo que hubo especialmente sentimiento de Comunidad. Lo hubo al definir Castilla y León, superando definiciones confusas del tipo región o nacionalidad, como una «Comunidad histórica y cultural» que tenía su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla, y como una Región de Europa. Hubo sentimiento de Comunidad al alumbrarse una regulación estatutaria de las Instituciones Propias –el Consejo de Cuentas, entre ellas– que les confiere rango normativo y especial protección jurídica. Las Instituciones Propias son consustanciales al Estado de Derecho y el Consejo de Cuentas, como órgano dependiente de las Cortes, realiza un control externo imprescindible para ejercer adecuadamente el control parlamentario, en definitiva, para la democracia. En tercer lugar, hubo sentimiento de Comunidad cuando nuestro Estatuto propuso un modelo de financiación autonómica con seña de identidad, garantizando la prestación de los servicios básicos teniendo en cuenta la dispersión, extensión territorial, baja densidad y envejecimiento.

Un apunte final: el llamado Estado Autonómico está abocado a la quiebra si no se aplica el principio constitucional de la solidaridad entre los territorios.

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