Hay que reformarlo para blindar los derechos sociales y civiles

Se cumplen 40 años de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, una norma que ha permitido el mayor progreso que ha conocido nuestra tierra y que sentó las bases del Estado del Bienestar en Castilla y León.

Una buena norma fruto del consenso de aquella época, garante de derechos y libertades, que en demasiadas ocasiones se ha incumplido de forma flagrante por quienes han gobernado nuestra comunidad durante la mayor parte de estas cuatro décadas.

Y es que la despoblación, el constante deterioro de los servicios públicos, los enormes desequilibrios territoriales, la lacerante falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, la creciente desigualdad, la dificultad para acceder a la vivienda y demás realidades que no podemos soslayar, revelan de forma palmaria que los principios incardinados en el Estatuto no se aplican, o al menos no con la diligencia debida, para garantizar una vida digna al conjunto de nuestros conciudadanos.

Actualmente vivimos un momento muy preocupante en Castilla y León, con el PP abriendo la puerta del gobierno a una ultraderecha que está rompiendo inveterados consensos como el Diálogo Social, denostando a colectivos como el LGTBI y los migrantes, atacando a las mujeres con el pretendido protocolo antiaborto y la negación de la violencia de género, vilipendiando a los sindicatos, acabando incluso con la fiesta de la comunidad consagrada en el artículo 6.2 y socavando en definitiva los cimientos de la convivencia en esta tierra. Precisamente por ello, ahora que se cumplen 40 años de su nacimiento, creemos necesaria una reforma del Estatuto que blinde de forma incontrovertible los derechos sociales y civiles, que haga de la justicia social el principio inquebrantable, que asegure de manera indubitable la igualdad entre todos los castellanos y leoneses, leonesas y castellanas, y que permita avanzar en derechos y libertades, progreso y calidad de vida en esta tierra.

Debemos tener altura de miras y volver a forjar nuevos acuerdos que cristalicen en un Estatuto que garantice que las personas sean siempre lo primero.

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