Espacio de encuentro, diálogo y respeto

Aquel 25 de febrero de 1983 fue el nacimiento, el germen de la gran Comunidad que hoy podemos disfrutar. Desde entonces, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, quedaban atestiguados los valores esenciales para la identidad de Castilla y León: la lengua castellana y el patrimonio histórico, cultural, artístico y natural que atesora nuestra tierra. Una tierra que, como nos recuerda el Preámbulo del Estatuto, constituye un espacio de encuentro, diálogo y respeto.

Nuestra norma institucional básica, además, nos encomienda a los poderes públicos de Castilla y León que impulsemos, promovamos y desarrollemos actuaciones para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tanto en la educación, en el trabajo, en la vida pública o en el medio rural. Consagra en su texto lo que es una Comunidad Autónoma moderna, dotada del principio de separación de poderes, el legislativo representado en las Cortes, el ejecutivo en la Junta y el judicial, como órgano jurisdiccional superior, en el Tribunal Superior de Justicia, garantizando así el necesario e imprescindible equilibrio institucional de poderes y contrapesos. Asimismo, establece un ámbito territorial adecuado, coherente y respetuoso con la importancia y tradición histórica, siendo el más extenso de España, configurado por los municipios de nueve provincias.

Se trata de un Estatuto ambicioso en la definición del ámbito de competencias y servicios a desarrollar por la Comunidad Autónoma, superando a muchas otras comunidades en su grado de autonomía. Son de destacar, por su importancia social y presupuestaria, la sanidad, la educación y los servicios sociales, donde precisamente se sitúa una de las mejores gestiones autonómicas de toda España, según la valoración de todos los barómetros independientes.

Es el marco más adecuado y consensuado, como norma superior de nuestra Comunidad, faro y guía para dar cobertura a las distintas peculiaridades de nuestro vasto territorio. Personalmente, creo que tras estos 40 años nos encontramos ante un Estatuto debidamente asentado, como instrumento jurídico que ha de gobernar nuestras vidas, y al que pronostico mucho más futuro que pasado.

Y ello sin perjuicio de reconocer y asumir que tendrá sus momentos de debate y discusión, en atención a lo que también son nuestros retos de futuro como colectivo, como pueden ser la despoblación, el envejecimiento poblacional, la eficacia de nuestra estructura municipal, o el nivel más eficiente para la prestación de los servicios públicos. Seguro que, en estos desafíos, cada uno desde la responsabilidad personal o política que nos corresponda, seguiremos trabajando por Castilla y León.

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