Castilla y León cerró España

Sostiene con tino Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, que la gestación de Castilla y León como comunidad autónoma no fue en modo alguno un parto natural, sino «un alumbramiento lleno de complicaciones, que necesitó en varios momentos de la ayuda de fórceps». En efecto, Castilla y León fue la última en aprobar su Estatuto de Autonomía, pues ninguna otra comunidad autónoma atravesó por un proceso fundacional tan conflictivo. Hasta llegar a aquella decisiva fecha del 25 de febrero de 1983 hubo que transitar una tortuosa senda cuyo punto de partida fue la aprobación de la Constitución, en diciembre de 1978.

Además de reconocer la existencia de nacionalidades y regiones, la Carta Magna estableció dos vías diferentes para acceder a la autonomía: la 'rápida' del artículo 151, concebida fundamentalmente para Cataluña, País Vasco y Galicia, consideradas «comunidades históricas» por haber plebiscitado su Estatuto durante la Segunda República; y la 'vía lenta' del artículo 143, que fijaba una asunción gradual de competencias durante cinco años. Posteriormente, tras el referéndum de febrero de 1980, también Andalucía pudo acogerse a los mecanismos previstos en el artículo 151 de la Constitución, mientras que Navarra, Canarias y Valencia siguieron procesos específicos que les permitieron alcanzar una autonomía más rápida y amplia. Castilla y León formó parte del grupo de comunidades que hubieron de seguir la vía lenta, cometido encomendado al Consejo General, órgano preautonómico presidido por el miembro de la UCD Juan Manuel Reol Tejada.

Aunque durante la transición a la democracia también se produjeron intensas movilizaciones regionalistas, la articulación de un texto-base de Estatuto se topó muy pronto con agudas divergencias en torno al mapa territorial, sobre todo en León y Segovia. A ello se sumó, como agravante, el proceso de disgregación interna de la UCD, partido en el gobierno desde junio de 1977, y el paulatino desgaste de su presidente, Adolfo Suárez. La dimisión de éste y la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, durante la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, contribuyeron a racionalizar el proceso autonómico y frenar nuevas propuestas de uniprovincialidad. De hecho, el llamado 'Informe Enterría', elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría a instancias de Calvo-Sotelo, propuso generalizar la creación de comunidades autónomas y que «las uniprovinciales deben ser excepción». El asunto no era irrelevante, si pensamos que Logroño y Santander, consideradas por muchos provincias castellanas, ya habían emprendido sus respectivas iniciativas autonómicas que terminarían desembocando en la creación de las comunidades de Cantabria y La Rioja.

A finales de marzo de 1981, después de una maratoniana reunión entre centristas y socialistas en el Parador de Tordesillas, se acordó comisionar a un representante de cada formación para consensuar el texto base del Estatuto. Jesús Quijano, que en ese momento era vocal de la ejecutiva regional del PSOE, y José María Martín Oviedo, diputado por Ávila de UCD, emplearon dos largas tardes de abril en una sala del Ayuntamiento de Arévalo para negociar asuntos como el papel de las Diputaciones, la representación de cada provincia en las Cortes regionales y el carácter transitorio del Estatuto. Aunque redactaron un texto abierto para someterlo a la Asamblea de Parlamentarios y Diputados Provinciales, finalmente no hubo acuerdo: el texto base definitivo sería aprobado en junio de 1981 merced a la abrumadora mayoría de UCD en dos asambleas celebradas en Soria y Salamanca.

Los centristas impusieron sus criterios en tres puntos: establecimiento de la capital en Tordesillas, el papel privilegiado de las Diputaciones y un sistema electoral que primaba la representación de las provincias menos pobladas, tradicionalmente consideradas más proclives al centro derecha. Elevado dicho proyecto a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Orgánica, ésta se inició el 24 de julio. Siete días después, Calvo-Sotelo y el líder de la oposición, el secretario general del PSOE Felipe González, suscribían los Pactos Autonómicos de los que carecía la Constitución, estableciendo un mapa de 17 autonomías y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla,

Ya entonces habían estallado las divergencias interprovinciales. El leonesismo encontró cauces políticos en el centro derecha (UCD y AP), que, además de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa los acuerdos de adhesión a Castilla y León de los ayuntamientos de la capital y de otros 57 municipios, en enero de 1983 consiguió que un pleno extraordinario de la Diputación aprobara, por 22 votos a favor (UCD y AP) y 4 en contra (PSOE y PCE), dejar sin efecto la iniciativa autonómica. Aunque la Mesa del Congreso de los Diputados no admitió la petición de suspender la tramitación del proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el envite continuaría mucho después.

Más allá fueron los centristas segovianos, liderados por Modesto Fraile y Carlos Gila, pues lograron que la Diputación tomase la iniciativa de constituirse en comunidad autónoma uniprovincial y que el Ayuntamiento de Cuéllar, cuya decisión era crucial, se adhiriese a la misma. Aunque el 3 de diciembre de 1981, previa purga de Fraile y Gila por la UCD nacional, otro acuerdo del mismo Consistorio revocaba el anterior, el proceso quedó paralizado a la espera de la tramitación de un recurso interpuesto por la Diputación. Y en Burgos, las fuerzas de centro derecha alentaron la creación de una 'Junta pro Burgos Cabeza de Castilla' para impugnar el mapa territorial en protesta por la posible ubicación en Tordesillas de la capital autonómica.

Aunque los parlamentarios centristas hicieron todo lo posible por adelantar los trámites del Estatuto debido al deterioro que sufría la UCD, los plazos se alargaron y hasta abril de 1982 no se nombró la ponencia encargada de tramitarlo. En agosto, estando el texto en fase de dictamen por la Comisión Constitucional del Congreso, Calvo-Sotelo disolvió las Cámaras y convocó elecciones legislativas para el 28 de octubre. La mayoría absoluta conseguida por el PSOE liderado por Felipe González hizo que la relación de fuerzas en las Cortes diera un vuelco, por lo que el Estatuto resultante se parecería muy poco al aprobado en junio de 1981 por mayoría centrista.

Durante la tramitación en las Cortes nacionales se rechazaron las pretensiones del grupo parlamentario popular de separar León de la autonomía, y también las de los nacionalistas vascos sobre el condado burgalés de Treviño. Además, Tordesillas perdió su condición capitalina, dejando a las futuras Cortes autonómicas la decisión definitiva sobre esa delicada cuestión, y salió adelante la propuesta socialista de cambiar el sistema electoral: en lugar del mayoritario, establecido en el texto inicial, sacaron adelante uno proporcional con 3 procuradores fijos más uno por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500. Como señala Mariano González Clavero, «con este resultado la izquierda consiguió un gran éxito (…). Las provincias más pobladas eran el granero de votos de la izquierda de la región, por lo tanto, era lógico que, aprovechando la mayoría en las Cortes, establecieran un sistema que ampliaba el número de representantes de las provincias con mayor número de habitantes».

El 22 de febrero de 1983, el Congreso aprobaba definitivamente el texto por 208 votos a favor, 100 abstenciones, 4 votos en contra y 2 nulos; Demetrio Madrid, entonces diputado nacional y más tarde primer presidente de la Junta, resumió gráficamente lo que esto significaba: «¡Castilla y León y cierra España!». Y es que el Estatuto castellano y leonés fue el último en aprobarse y el último también en entrar en vigor, pues la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, apareció publicada en el BOE el 2 de marzo de 1983, un día después de los de Madrid y Baleares. La situación, además, era preocupante, pues debido al recurso ya visto de la Diputación de Segovia, esta provincia no figuraba en la inicial delimitación territorial, por lo que su incorporación hubo de realizarse mediante la Ley Orgánica 5/1983 de 11 de marzo, por «motivos de interés nacional», de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 c) de la Constitución.

Además, en junio de 1983, 54 senadores del grupo parlamentario popular presentaban dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno contra el Estatuto, cuyo objetivo era excluir a León de la comunidad, y otro contra la Ley Orgánica de incorporación de la provincia de Segovia. El Gobierno y el Parlamento vasco hicieron otro tanto con sendos recursos de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria séptima 3, referida al condado de Treviño, enclave burgalés en la provincia de Álava. Ninguno de estos cuatro recursos prosperó.

• Temas
• Cortes de Castilla y León
• Castilla y León
• Estatuto de Autonomía de Castilla y León