Desde entonces ya Castilla...

Llegamos los últimos, como casi siempre. El último de los estatutos de autonomía. De los castellanos y leoneses se podría decir aquello que contestó Cánovas a Martínez Alonso sobre la nacionalidad española en la Constitución de 1876: «Son castellanos y leoneses aquellos que no pueden ser otra cosa». León y Segovia a rastras y cayeron por el camino Cantabria y La Rioja. Una ausencia total de un sentimiento de comunidad.

Villalar era el lugar donde la izquierda de las tierras del Duero reivindicaba su deseo de libertad. «Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar, en manos de rey bastardo o de regente falaz», entonaba el Nuevo Mester. No era el grito de una nación oprimida por otra. Era el de una tierra que se sentía más abandonada que invadida. Más olvidada que perseguida. Castilla y León entonces tenían el mismo anhelo de cambio que toda España. El PSOE arrasó en octubre del 82. En las autonómicas del 83 obtuvo la mitad exacta de los procuradores. La mayoría absoluta se la concedió, ironías del destino, el único procurador del Partido Demócrata Liberal. Cosas que sucedieron y que, ¿por qué no?, podrían volver a suceder.

Desde entonces nuestro Estatuto ha dado marco jurídico a los gobiernos autonómicos. Digo bien, a los gobiernos. La norma parece más creada para dar prerrogativas a gobernantes que derechos ciudadanos. El Estatuto otorga amplias capacidades al Gobierno autonómico. Competencias sobre sanidad, educación, patrimonio, etc. Sin embargo, apenas enuncia los derechos ciudadanos. No hay desarrollado normativo suficiente para garantizar a los ciudadanos el cumplimiento efectivo de ninguno de esos derechos. Por ejemplo, ¿qué derechos están garantizados para nuestros pacientes? Lo mismo puede decirse del derecho a la transparencia, o de la libertad de prensa. Sin un desarrollo eficaz su incumplimiento no trae consecuencias

Lo mismo ocurre con las Cortes. Los procuradores ni siquiera cuentan con la posibilidad de dedicarse en exclusiva a su tarea. Las Cortes son un mero altavoz para partidos. No funcionan como cámara de representación. Precisan de herramientas para lograr el control efectivo del ejecutivo (comparecencias, obligatoriedad de proporcionar la documentación y contestar a las preguntas). Sería urgente replantear la libertad de voto efectiva, eliminando el mandato imperativo (prohibido constitucionalmente, pero efectivo en la práctica). Se debe proceder a reformar la ley electoral, logrando mayor proporcionalidad y el desbloqueo de las listas.

Si estas cosas no se hacen, los partidos provinciales continuarán creciendo. Necesitamos reformas para que las Cortes dejen de ser 'Casa Pollán' y se conviertan en un parlamento.

Durante estos 40 años las campas se han ido vaciando. Mientras, los ciudadanos de estas tierras siguen «añorando una junta o esperando un Capitán».

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