Más autogobierno, pero misma lealtad

La última reforma del Estatuto, materializada en noviembre de 2007, constituyó el asunto estrella de la segunda legislatura de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta de Castilla y León. El burgalés, que en 2001 había sido designado por Juan José Lucas su sucesor después de que éste fuera nombrado ministro de la Presidencia del gobierno presidido por José María Aznar, ganó las elecciones autonómicas de 2003 por mayoría absoluta, y lo mismo conseguiría cuatro años después. Dos acontecimientos alentaron el proceso: el proyecto soberanista impulsado en 2001 por el lehendakari Juan José Ibarretxe, que sería desbaratado por el Congreso de los Diputados en 2005, y la voluntad expresada por las comunidades autónomas de 'primer nivel' (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) de ampliar aún más su autogobierno con nuevas reformas estatutarias. Acogidas estas últimas –sobre todo la de Cataluña– con cierta simpatía por el Gobierno nacional presidido desde abril de 2004 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el contexto suponía para Castilla y León, al mismo tiempo, un acicate y un reto.

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera afrontó la reforma desde un planteamiento que fuera capaz de conjugar la aspiración a un máximo nivel de autogobierno con la lealtad constitucional. Era preciso, por tanto, que la reforma fuera consensuada nuevamente con el PSOE, principal partido de la oposición liderado entonces por Ángel Villalba. El acuerdo no tardaría en sustanciarse. Como señaló el propio Herrera en el debate del Estado de la Región de junio de 2005, las dos principales metas eran conseguir la plena gestión de la cuenca del Duero y crear una comisión bilateral Estado-Castilla y León como foro para encauzar las relaciones entre las dos administraciones.

La manera de trabajar consistió en la puesta en marcha de una comisión no permanente en el seno del Parlamento regional, que escucharía a los principales representantes sociales y económicos, y una ponencia o grupo de trabajo integrado por diez procuradores del PP y seis del PSOE, liderada por el entonces portavoz popular en las Cortes, José Antonio de Santiago-Juárez, y asesorada por los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Óscar Sánchez, que además era procurador del PSOE, y Fernando Rey, a quienes asesoraba el letrado Edmundo Matía.

Los 78 procuradores del PP y PSOE, representados respectivamente por sus portavoces José Antonio de Santiago-Juárez y Ángel Villalba, aprobaron el texto en el pleno de las Cortes regionales de 29 de noviembre de 2006, que solo registró el voto contrario del representante de la Unión del Pueblo Leonés, Joaquín Otero. El 17 de abril de 2007 salía adelante en el Congreso de los Diputados la toma en consideración. La aprobación definitiva tendría lugar el 30 de octubre en la Cámara Baja por 299 votos a favor y 13 abstenciones, y el 21 de noviembre de 2007 en el Senado (250 votos a favor y 2 abstenciones). Castilla y León se convertía así en la sexta comunidad en aprobar su reforma estatutaria después de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Aragón.

El texto define Castilla y León como «una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla» y que «ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como Nación». Exalta la lengua castellana, expresa la voluntad de «proteger el lleunés» y fija el 23 de abril como día para celebrar la fiesta oficial de la comunidad. Junto a un amplio catálogo de derechos y deberes de los castellanos y leoneses, reconoce a los extranjeros «con vecindad administrativa en la comunidad» los mismos privilegios que al resto de los residentes en Castilla y León «en los términos que establezcan las leyes que los desarrollen».

En el terreno de los derechos sociales se sientan los pilares de la asistencia a las personas dependientes y se determina que los ciudadanos en situación de exclusión social dispongan de una Renta Garantizada de Ciudadanía. Afirma el derecho a la no discriminación por razón de sexo, haciendo especial mención a las acciones en favor de las víctimas de la violencia de género, incorpora el Consejo de Diálogo Social y fija la dimensión exterior de la comunidad, la Comisión de Cooperación entre ésta y el Estado y las relaciones con la Unión Europea.

En el terreno de las competencias introduce importantes novedades: junto a la posibilidad futura de crear un cuerpo de Policía autonómico, garantiza que Castilla y León pueda negociar ante el resto de comunidades y el Gobierno un sistema de financiación autonómica que permita disponer de los recursos suficientes para pagar la prestación de los servicios públicos, no solo los básicos, remarcando que se ponderarán adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población, garantizando así la suficiencia financiera de Castilla y León.

La mayor aspiración era gestionar la Cuenca del Duero, recogida en el artículo 75.1. como una competencia de desarrollo legislativo y ejecución que afectaría a «las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en esta región y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma», y que se ejercería «sin perjuicio de la planificación hidrológica de competencia del Estado». Todo lo dicho se traduciría en la asunción, por parte de la Junta, de diversas funciones de la Confederación Hidrográfica del Duero. Pese a la cautelosa redacción del artículo, en marzo de 2011, a raíz de un recurso interpuesto por la Junta de Extremadura, el Tribunal Constitucional frustraba nuevamente las aspiraciones castellanas y leonesas sobre el Duero al declarar inconstitucional el artículo.

Aun así, el resultado de la reforma estatutaria fue modélico en el sentido de venir avalada por el consenso y abanderar la lealtad constitucional en medio de un clima político enturbiado por el soberanismo.

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